Ministerio Público de Guatemala anuncia que solicitará el desafuero del presidente electo Arévalo

Télam - El Ministerio Público de Guatemala anunció este jueves (16) que solicitará el desafuero del presidente electo, Bernardo Arévalo, en el caso de la ocupación de una universidad en 2022, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el socialdemócrata para frenar las acciones que considera parte de un "golpe de Estado en curso" para impedirle tomar el poder en enero.

“El Ministerio Público presentará solicitudes de desafuero en contra de los señores César Bernardo Arévalo de León” y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros, informó el fiscal Saúl Sánchez en conferencia de prensa.

Los presuntos delitos son destrucción continua de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había rechazado anoche el recurso presentado por el presidente electo en agosto para detener la actuación de la Fiscalía.

“Por decisión unánime se deniega definitivamente el amparo solicitado por Arévalo”, dijo el asesor de la Corte Suprema, Leonel Marroquín, en un video difundido a los periodistas.

El líder opositor Arévalo, de 65 años, había solicitado el 18 de septiembre al alto tribunal que anulara todas las actuaciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, en lugar de procesar a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.

La petición también incluyó al fiscal Rafael Curruchiche, quien dirigió los allanamientos a las instalaciones del TSE, y al juez Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su formación en 2017.

Los tres funcionarios son considerados por Estados Unidos como figuras "corruptas" y "antidemocráticas" y tienen prohibido ingresar al país desde 2021.

Arévalo, un socialdemócrata que ganó una segunda vuelta electoral el 20 de agosto, afirma que las acciones contra su partido son parte de un "golpe de estado en curso" debido al temor de las élites a su promesa de luchar contra la corrupción.

"Se entiende que estas acciones de alguna manera están vinculadas al golpe de Estado", dijo la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, al referirse al rechazo al amparo.

Reyes agregó que aún hay otras acciones pendientes contra los funcionarios judiciales, incluyendo solicitudes para despojarlos de sus privilegios.

Antes del anuncio de Sánchez sobre el desafuero, el Ministerio Público había realizado varios allanamientos en domicilios para detener a una treintena de profesores y estudiantes universitarios, entre ellos un aliado de Arévalo para la toma de 2022.

Según el sitio web del diario Prensa Libre, se realizaron 31 allanamientos y entre los afectados estuvieron la excandidata a diputada del Movimiento Semilla Marcela Blanco, el exfiscal de Derechos Humanos Jordán Rodas y el abogado Ramón Cadena.

Blanco dijo en un video que el Ministerio Público giró una orden de captura en su contra.

"Soy ciudadana, soy parte del pueblo y me hacen esto por denunciar la corrupción", denunció.

En su defensa, Arévalo consideró las acciones de la Fiscalía "espurias e inaceptables". "Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y de cualquier otro miembro del partido que haya sido objeto de estos abusos", declaró.

A su vez, la bancada del Movimiento Semilla evaluó que los allanamientos fueron “un acto para intimidar al pueblo de Guatemala”.

"Las acciones criminales del Ministerio Público y de todos quienes los apoyan son parte de un golpe de Estado y deben ser cesadas", declaró el partido.

Ayer, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" el 14 de enero al presidente electo y pidió detener cualquier "acto de intimidación" en Guatemala.

La OEA expresó "su seria preocupación" por "las continuas acciones postelectorales, las disputas partidistas y la excesiva judicialización del proceso electoral".

Al mismo tiempo, hizo un llamado a todas las instituciones del Estado, a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público a “detener o impedir, según corresponda, cualquier acto de intimidación contra las autoridades electorales, el partido Movimiento Semilla y los electos, y a respetar la integridad del material electoral”.

Mientras tanto, tras cumplir una orden emitida la semana pasada por la máxima autoridad judicial del país, el Congreso eligió ayer nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un proceso que debió concluir en 2019.

Con una amplia mayoría, los diputados del partido oficialista Vamos y sus aliados eligieron a los 13 jueces que completarán su mandato 2019-2024 en octubre. Los jueces juraron sus cargos horas después.

El único magistrado reelegido fue Manuel Duarte, sancionado en 2022 por Washington, que también lo considera "corrupto".

Durante los últimos cuatro años, varias organizaciones de la sociedad civil han exigido reiteradamente que el Parlamento avance con el proceso de renovación, al tiempo que criticaron algunas decisiones tomadas por el tribunal con la configuración ya obsoleta.

Al final de la sesión, varios manifestantes que se manifestaban frente al Parlamento contra las elecciones insultaron y lanzaron objetos a algunos diputados que abandonaron el recinto bajo la protección de decenas de policías, según imágenes en las redes sociales, informó la agencia de noticias AFP.