Perú: Gobierno anuncia plan de seguridad enfocado en la prevención que será “mejor que el de Bukele”

Telam - Perú alberga actualmente a 93.000 presos, aunque su capacidad es de 41.000, y se prevé que la población carcelaria crezca en unos 5.000 al año, según datos difundidos hoy por las autoridades, que anunciaron la implementación de un plan de seguridad de 30 medidas que incluye acciones en las áreas social, educativa y de salud.

“El plan que llamamos ‘Con Punche Seguridad’, estoy seguro que será mejor que el plan (del presidente de El Salvador, Nayib) Bukele, porque no solo será un plan reactivo, en el que tendremos que capturar a los delincuentes, sino que también tendrá que ver con la prevención, ya que es precisamente en los hogares disfuncionales, con niños abandonados, donde empiezan a surgir los futuros delincuentes del Perú”, explicó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

"Con Punche Perú" es una expresión coloquial que se usa en el país para indicar que alguien tiene la fuerza o los recursos para obtener un beneficio. A finales del año pasado, el gobierno nacional lanzó "Con Punche Perú", enfocado principalmente en temas económicos.

La referencia a Bukele se debe a algunos pronunciamientos de funcionarios y legisladores sobre la conveniencia de imitar parcialmente el modelo salvadoreño. Contreras afirmó que el programa que el Ejecutivo lanzará para combatir la inseguridad y la delincuencia, que será "mejor que el plan Bukele", contiene 30 medidas que "se implementarán en sectores como Educación, Salud y programas sociales, lo que requerirá un presupuesto sólido".

Contreras habló durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), casi en simultáneo con la presencia de varios ministros en el Congreso, donde defendieron el otorgamiento de facultades que el gobierno solicitó al legislativo.

Según Contreras, el plan del Ejecutivo "tendrá mejores resultados (que el salvadoreño), no solo a corto plazo, sino también a largo plazo". El titular del Ministerio de Hacienda afirmó que, para implementar el plan, será necesaria una importante inyección de recursos para la compra de patrullas y el aumento del número de policías en las calles. "Estamos incluyendo este financiamiento en los presupuestos de este año y del próximo", declaró, según el sitio web del periódico La República.

Sin embargo, en el Congreso, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, argumentó que la solicitud de facultades del Poder Ejecutivo al Congreso busca abordar, dentro de su sector, el problema del hacinamiento y la corrupción en las cárceles. "Dos cuestiones: aliviar el hacinamiento y combatir la corrupción nos llevan a solicitar la delegación de facultades", declaró ante la Comisión de Constitución.

Maurate dijo que la situación del sistema penitenciario en el país es “dramática, pues actualmente hay 93.000 reclusos cuando la capacidad de alojamiento es para 41.000 reclusos”, y advirtió que se proyecta que “en los próximos años el número de reclusos crecerá a un ritmo promedio anual de 5.000”.

"Si no hacemos nada, el hacinamiento carcelario aumentará en unos 80.000 presos", advirtió Maurate, quien indicó que su sector trabaja en tres frentes: construir cárceles; ampliar el acceso a la vigilancia electrónica –"para lo cual es necesario modificar el marco regulatorio"– y establecer alternativas al encarcelamiento para que un juez pueda ordenar penas suspendidas o penas en suspenso en determinados delitos.

A su vez, el ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó que la solicitud de facultades busca fortalecer a la Policía Nacional y cerrar la brecha policial frente a la delincuencia. "Tenemos una brecha policial que aún no se ha superado y que ahora es un clamor nacional", afirmó, detallando la reducción en el número de agentes en comparación con años anteriores: "La policía cuenta actualmente con 131.557 agentes para atender a 33,7 millones de habitantes, en comparación con los 125.546 que tenía en 1990 para atender a 22 millones de habitantes".

El ministro destacó la importancia del proyecto de ley del Ejecutivo que busca crear una nueva categoría policial, la Policía del Orden. A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que, junto con la corrupción, la inseguridad ciudadana y la delincuencia son los problemas más graves para la ciudadanía, que "requieren una respuesta rápida", según la agencia estatal de noticias Andina.

"Hemos visto cómo ha crecido la delincuencia y se ha establecido una cultura del miedo. Esto requiere una respuesta rápida", afirmó. Advirtió que el cultivo de hoja de coca en el país ha crecido exponencialmente en los últimos años, por lo que es crucial apoyar a las comunidades y promover cultivos alternativos.

Indicó que la reducción histórica del cultivo de hoja de coca, lograda en 2015, ha aumentado a 95 mil hectáreas, lo que “es preocupante porque el 90% de estos cultivos son utilizados para el narcotráfico”.

“La tendencia se revertirá con el compromiso del gobierno de la presidenta (Dina) Boluarte”, enfatizó el jefe de Gabinete, retomando las versiones de que el Ejecutivo buscaría copiar algunas de las medidas implementadas en El Salvador por Bukele.

"Aquí no habrá un plan Bukele, sino un plan Boluarte, que consiste en hacer lo que otros gobiernos han hecho mejor; por ejemplo, ¿qué hizo bien el señor Bukele? El señor Bukele puso policías en los autobuses para proteger a los ciudadanos. Durante nuestro gobierno, implementaremos esta y otras medidas", declaró el Primer Ministro.

El Poder Ejecutivo solicitó una transferencia de poderes legislativos de 120 días, un paso que, según Boluarte, es necesario para "delinear políticas" en materia de seguridad. Y el Congreso, afectado por una grave crisis de impopularidad, ha comenzado a abordar el tema, aunque no está claro cuándo tomará una decisión.