¡La información no pertenece al Estado, pertenece a la sociedad!

Esta semana, la Ley de Acceso a la Información (LAI) cumplió seis años. Tuve el placer de ser el autor de esta ley, que es fundamental en la lucha contra la corrupción y representa un avance para quienes luchan por una mayor transparencia en Brasil. Gracias a ella, el Estado brasileño está obligado a proporcionar a cualquier ciudadano toda la información que solicite.

La información es un derecho público, y esta ley la regula como tal. Pone en práctica un derecho garantizado en la Constitución. Antes de la Ley de Acceso a la Información (LAI), también conocida como Ley de Transparencia, ni siquiera existía un plazo ni garantía legal para que un ciudadano accediera a la información solicitada. Era necesario justificar la solicitud, y la respuesta, aunque improbable, dependía de la decisión discrecional de la autoridad. Un ciudadano tiene derecho a conocer la tasa de mortalidad en su región, los salarios de los políticos, el número de niños matriculados en guarderías o escuelas, y puede preguntar cuánto se invierte en cualquier área, sin necesidad de justificarlo.

Si se aplica correctamente, la Ley de Acceso a la Información (LAI) supondrá un cambio de comportamiento. Logrará que todo gestor público comprenda que la ciudadanía necesita información no solo para acceder a los servicios públicos, sino también para supervisar y exigir cuentas sobre las políticas y acciones. La ley es fundamental para periodistas e investigadores, pero beneficia a toda la sociedad. Sin duda, es un instrumento de control social que fomenta y garantiza un espacio para que la población no solo supervise, sino que también participe en la política y en el control del gasto público.

Este cambio de comportamiento también debe llegar a la Seguridad Pública. Por ello, presenté la Ley de Acceso a la Información en Seguridad Pública (LAISP) (PL 4894/2016), lista para su votación en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC) de la Cámara de Diputados. La falta de datos e información sobre el uso de la fuerza, función que distingue a la Seguridad Pública de otras áreas, dificulta, y a veces impide, que la ciudadanía evalúe y juzgue a los gobiernos en función de la calidad de sus acciones para abordar los problemas estructurales, lo cual es fundamental para los regímenes democráticos. El proyecto busca garantizar que la información y la rendición de cuentas se divulguen independientemente de las solicitudes, y también obliga a cada institución y organismo de Seguridad Pública a crear una base de datos anualmente y publicarla en formato de informe.

El interés público debe ser respetado. En un país donde impera el secretismo, la verdad ha sido ley durante seis años. Evidentemente, se requiere un cambio cultural radical, tanto para que la ciudadanía comprenda que la ley representa un derecho, como para que la ley misma se aplique y mejore. Y unos medios de comunicación democráticos y libres desempeñan un papel fundamental para que esto suceda.