La muerte del periodismo de derecha

Con la excepción de quienes propagan el odio contra Lula, la sociedad democrática reacciona con indignación y furia ante el artículo "Lula debe morir", del periodista Mário Vitor Rodrigues, publicado por IstoÉ.

Con ese titular, el periodista violó el artículo 286 del Código Penal, que tipifica como delito la "incitación pública a la comisión de un delito". El Partido de los Trabajadores actuó dentro de sus derechos al presentar una denuncia penal contra este periodista, quien claramente actuó de mala fe al intentar ocultar tras ese titular ofensivo la falsa coartada de un artículo político.

Pero la reacción de las fuerzas democráticas debe ir mucho más allá del mero enjuiciamiento del autor de este crimen. En realidad, la revista IstoÉ también es responsable de permitir la publicación en sus páginas de un artículo que incita al asesinato. Se trata de un ataque muy grave contra el orden democrático que no podemos subestimar. No solo supone una amenaza para Lula, sino también para todos aquellos que defienden las libertades democráticas y para la propia libertad de prensa.

Cuando se defiende la muerte de un oponente político, es porque se han agotado los argumentos. Por lo tanto, este artículo indignante representa la muerte del periodismo de derecha.

Pero la publicación de esta incitación a la muerte de Lula también demuestra claramente la desesperación de los sectores más radicales de los golpistas por impedir a toda costa la candidatura del expresidente. Sin embargo, cuantas más medidas tomen contra el pueblo y la soberanía nacional, más se consolidará la figura de Lula como la única salida democrática a este atolladero golpista.

La defensa física de Lula contra los ataques fascistas se ha convertido en un asunto central de la lucha democrática popular. Que los golpistas no se equivoquen. Si bien esta incitación criminal ha contribuido a exacerbar el clima de odio, también ha fortalecido nuestra determinación de proteger a Lula y llevar adelante su candidatura para restaurar el estado de derecho democrático y un gobierno de desarrollo económico y de lucha contra las desigualdades sociales.