La administración de Parente prevé el caos que supondría una posible privatización.

La lógica detrás de la nueva política de Petrobras es reducir la producción, cobrar precios más altos al consumidor final y sobrecargar a los trabajadores para garantizar mayores ganancias a los accionistas y las empresas extranjeras. El paquete de "desnacionalización" incluye la cesión de reservas, refinerías y gasoductos, además del cierre de plantas de fertilizantes. Brasil vende petróleo barato y compra gasolina y diésel caros, mientras que las refinerías brasileñas, que tienen costos mucho menores que las extranjeras (menos de US$3 por barril), operan a solo el 68% de su capacidad. El resultado era previsible: desde junio de 2016, se han producido 216 ajustes de precios para la gasolina y el diésel.

Las cifras resultan aún más paradójicas al compararlas con las registradas durante los gobiernos de Lula y Dilma. Entre 2003 y junio de 2016, solo hubo 15 ajustes de precios (al alza o a la baja). El gas para cocinar no experimentó ningún aumento en la refinería entre 2003 y 2014. El costo de todos los productos está subiendo, muchos brasileños ya no pueden permitirse el lujo de conducir, mientras que otros han vuelto a usar leña para cocinar porque ya no tienen acceso al gas.

El impacto en la economía es aún más alarmante: Petrobras perdió 45 mil millones de reales en un solo día (24 de mayo) al reducir los precios en las refinerías un 10%. El lunes (28 de mayo), las acciones cayeron un 8% después de que el gobierno, presionado, anunciara una nueva reducción. Este es el precio que se paga cuando se está a merced del mercado. Los precios abusivos provocaron la huelga de camioneros, que podría reducir el PIB de este año hasta en un 3%. Para que el gobierno mantenga las ganancias de los accionistas, la reducción del precio del diésel le costará a los brasileños 10 mil millones de reales.

Desde el inicio del gobierno de Parente, los trabajadores petroleros han denunciado el desmantelamiento de Petrobras, la política de privatización y el boicot. Si bien antes eran voces aisladas, hoy resuenan en toda la sociedad. Este lunes 28, el sector anunció una huelga nacional para exigir la reducción de los precios de los combustibles y la destitución inmediata de Pedro Parente. Los trabajadores petroleros saben, y la población comienza a comprender, que solo hay una salida: acabar con la política de paridad internacional en los precios de los derivados. Es posible refinar 2,4 millones de barriles diarios y satisfacer la demanda interna (con alrededor de 2,2 millones diarios), dependiendo menos del mercado internacional. Igualmente importante es proteger nuestras reservas y la industria nacional.

Esta trágica gestión privada de una empresa pública sirve de advertencia: anticipa e ilustra el caos en el que se sumiría el país si Petrobras se privatizara. Si no se modifica esta política, nuestra economía se desplomaría.

Petrobras debe ser devuelta al pueblo brasileño.