Multinacionales multidestructivas

Por Sergio Ferrari - Una alianza de más de 90 sindicatos, asociaciones religiosas y culturales, y organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en derechos humanos y medio ambiente alcanzó un hito histórico en Suiza el pasado enero. En tan solo dos semanas, esta coalición, gracias a una movilización ciudadana sin precedentes, recogió más de 183.000 firmas —en un país de menos de 9 millones de habitantes— en apoyo a la Iniciativa Popular para Multinacionales Responsables.https://responsabilite-multinationales.ch/).

Para ello, se movilizaron aproximadamente 10.000 voluntarios, quienes instalaron 1.000 puestos y puntos de recogida de firmas en todo el país durante el segundo y tercer fin de semana de enero. De ser aprobada en las urnas, el texto de la Iniciativa Popular se incorporará a la Constitución. A partir de entonces, las grandes empresas suizas, o las empresas con sede en Suiza, así como sus filiales y contratistas locales, estarán obligadas a respetar los derechos humanos y ambientales en todos los países donde operan y a cumplir los mismos requisitos y obligaciones que en Suiza. Esto significa que cualquier persona u organización perjudicada por estas empresas en cualquier país podrá solicitar reparación. Además, se creará una entidad independiente para supervisar y controlar las prácticas comerciales.

El comité que promueve este cambio constitucional está formado por figuras de un amplio espectro político (desde los Socialistas y los Verdes hasta la derecha liberal, incluyendo el Centro Demócrata Cristiano), líderes empresariales y representantes de diversas ONG. En declaraciones a la prensa, Claude Ruey, exsenador nacional del derechista Partido Liberal Radical y miembro del comité, reconoció que en su larga carrera política nunca había visto "una causa con tanta gente comprometida". Describió como "extraordinario" el hecho de que se recogieran 183.661 firmas en tan solo 14 días. "Esto demuestra claramente", enfatizó Ruey, "el grado de apoyo de la población [a esta propuesta] y cómo nuestros conciudadanos comparten un fuerte sentido de la justicia". La importancia de esta movilización ciudadana radica en que reunió casi el doble de las 100 firmas exigidas por la Constitución, en un tiempo récord de tan solo dos semanas. La Carta Magna suiza otorga un plazo de 18 meses para obtener estas firmas.

Café “esclavo”

Los argumentos y ejemplos utilizados por los fiscales para recoger firmas son contundentes.

Nutrade Comercial Exportadora Ltda., filial de la multinacional suiza de agroquímicos Syngenta, así como el programa Nucoffee, también propiedad de Syngenta, comercializaron café procedente de fincas brasileñas donde prevalecen condiciones de trabajo análogas a la esclavitud.

El 46% del café de Brasil, el mayor productor y exportador mundial, proviene del estado de Minas Gerais. Diversos estudios concluyen que más de dos tercios de la mano de obra en las fincas cafetaleras de ese estado es informal: no tienen derecho a salario mínimo, pago de horas extras ni prestaciones de seguridad social. En el sector cafetalero brasileño, se denuncian con regularidad casos de trabajo forzoso y graves violaciones laborales, así como trabajo infantil.

Una investigación conjunta de la Coalición Suiza para Multinacionales Responsables y el colectivo de investigación WAV revela seis casos de explotación laboral y trabajo forzoso en Brasil, vinculados a Nutrade o al programa Nucoffee. Sucafina continuó comprando este producto a Nutrade incluso después de que las autoridades brasileñas confirmaran graves irregularidades laborales.

Syngenta también ha sido acusada de infracciones en otros países, como la contaminación del agua en los pueblos de Cipreses y Santa Rosa, en las tierras altas de Costa Rica, debido al uso de sus pesticidas. Se detectaron niveles de clortalonil en el agua hasta 200 veces superiores al límite legal. Este fungicida altamente tóxico está prohibido en la Unión Europea y Suiza por sospecharse que es cancerígeno.

Oro “asesino”

A menos de 3.000 kilómetros de las plantaciones de café de Minas Gerais se encuentra la mina de oro La Esperanza, en el sur de Perú. Ubicada aproximadamente a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en una zona muy aislada del departamento de Arequipa, la mina es propiedad de la empresa peruana Yanaquihua SAC. Todo el mineral que extrae se vende a Metalor, una controvertida refinería de oro suiza, que lo procesa en lingotes de oro destinados a las bóvedas de la Unión de Bancos Suizos (UBS), la principal institución financiera del país. UBS y varias marcas de lujo suizas que manejan este metal precioso afirman que es indiscutiblemente "sostenible", es decir, producido en condiciones justas. Sin embargo, la realidad parece contradecir esta afirmación, como lo demuestra una serie de dramáticos accidentes en La Esperanza.

El primero de ellos fue un grave incendio en la galería I, en el que 27 mineros murieron por asfixia. Según la Coalición Suiza para Multinacionales Responsables, la refinería suiza Metalor, única compradora de este oro, debería haber garantizado el cumplimiento de las normas básicas de seguridad durante la extracción para garantizar que ningún trabajador resultara herido. Además, como destacó la Coalición, las graves deficiencias de seguridad eran bien conocidas, ya que entre 2011 y 2022 se produjeron 196 accidentes con lesiones y discapacidades importantes, y entre 2019 y 2022, tres trabajadores perdieron la vida debido al derrumbe del techo de una galería.

Un informe de las autoridades peruanas sobre el incendio de 2023, aún no publicado, revela la gravedad de los problemas de seguridad de la empresa. La mina carecía de un sistema de alarma para facilitar la evacuación coordinada en caso de desastre. Tampoco contaba con un plan formal de evacuación de emergencia, y las rutas de evacuación y salidas de emergencia carecían de señalización. Finalmente, carecía de sistemas adecuados de protección contra incendios, como extintores, tanques de arena y agua, y los refugios de seguridad estaban mal equipados. Esta negligencia podría haber tenido consecuencias aún más graves, dada la cantidad de detonadores y explosivos que los investigadores encontraron en las profundidades de la mina, abandonados y desprotegidos. En cualquier caso, la empresa que opera la mina niega que se incumplieran los requisitos de seguridad.https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/or-extrait-dans-une-mine-de-lhorreur/).

De Namibia a Argentina, pasando por la Amazonia

Los ejemplos de absoluto desprecio por los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas suizas son repetidos y abundantes.

Estos incluyen las 300.000 toneladas de residuos tóxicos en Namibia, donde la multinacional canadiense Dundee Precious Metals procesa cobre con alto contenido de arsénico para abastecer a la multinacional IXM, con sede en Ginebra. Además del desastroso impacto en la deforestación de la Amazonía y el Cerrado causado por las multinacionales agroalimentarias Cargill, Bunge, Cofco International y Amaggi, todas con sede en Suiza.https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/geants-suisses-agroalimentaire-profitent-deforestation-amazonie/En Argentina, las emisiones de polvo de la fábrica Sika, multinacional suiza especializada en productos químicos para la construcción, están contaminando el barrio Las Mercedes, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. La Coalición Suiza confirmó que las pruebas médicas realizadas a 48 residentes del barrio muestran que este polvo está enfermando a la gente. Entre otros elementos nocivos, este residuo tóxico incluye partículas de dióxido de silicio, un elemento que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como carcinógeno de muy alto riesgo.https://responsabilite-multinationales.ch/etudes-de-cas/une-usine-de-la-multinationale-sika-pollue-un-quartier-de-buenos-aires-en-argentine/).

Um pouco de História

En noviembre de 2020, tras una amplia movilización, la ciudadanía suiza votó a favor de la primera Iniciativa de Multinacionales Responsables. Si bien el 50,7% de los votos fue a favor, la propuesta no recibió el apoyo de la mayoría de los cantones (provincias), como exige la Constitución. La oposición, en particular los sectores de extrema derecha y proempresariales, argumentó que, de aprobarse, esta iniciativa introduciría un sistema de responsabilidad civil único y muy exigente en Suiza y que, como resultado, importantes grupos económicos emigrarían a otros países con requisitos menos estrictos. El Poder Ejecutivo, cuya mayoría es de derecha, también se opuso, argumentando la necesidad de una "acción coordinada a nivel internacional" para equiparar a las empresas suizas y de la Unión Europea. Posteriormente, promovió, como alternativa, un contraproyecto. En realidad, una mera excusa para tranquilizar a las conciencias, ya que solo pretende que las multinacionales rindan cuentas sobre sus actividades, pero sin ninguna obligación legal de cumplirlas.

En julio de 2024, entró en vigor en la Unión Europea la Directiva sobre Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad, cuyo objetivo es promover un comportamiento empresarial sostenible y responsable en las operaciones de las empresas y sus respectivas cadenas de valor globales, tanto dentro como fuera de Europa. Este avance en el control del comportamiento de las multinacionales europeas en materia de derechos humanos y normas medioambientales no ha tenido hasta la fecha impacto alguno en la política suiza, que ni siquiera la ha incorporado como referencia.

Por ello, la sociedad civil suiza alza una vez más su voz para relanzar un principio esencial de justicia internacional y proponer esta nueva iniciativa. Y, fundamentalmente, para exigir, con la fuerza de una movilización muy fuerte, que muy pronto se decida en las urnas cómo deben comportarse en el futuro las multinacionales suizas, que hasta ahora han sido irresponsables y violadoras de derechos fundamentales.

Traducción: Rosa Lima.