No existe perdón posible para el Holocausto.

 

Tras la creación del Tribunal de Núremberg, y también tras los conflictos y comisiones que le siguieron en todo el mundo, surgió un nuevo imperativo político en el ámbito nacional e internacional. En nombre de la unidad nacional, por ejemplo, muchos representantes estatales abogaron por el deber de olvidar. Sería necesario saber olvidar para que la historia pudiera seguir su curso. Predominó un lenguaje de conciliación y apaciguamiento, a menudo con el objetivo de conceder amnistía a los implicados en crímenes de guerra y dictaduras.

 

En la mayoría de los casos, los horrores y traumas de la guerra desembocan en una suerte de parálisis del Estado. Por consiguiente, sería necesario impulsar nuevos arreglos sociales y políticos capaces de restablecer la salud social de la nación. Esta obsesión terapéutica, que exige cierto tipo de perdón, no se corresponde, sin embargo, con el perdón en sí mismo.

 

Se entiende que el surgimiento de un contexto que exige políticas de perdón surge del reclamo de las víctimas por el reconocimiento de su sufrimiento. Esto incluye, por supuesto, los errores o daños cometidos por particulares, pero también los daños derivados de instituciones, ya sean políticas, académicas o religiosas, cuyas acciones en muchos casos adoptan la forma de una maldad radical. 

 

En resumen, se manifiesta el deseo de las víctimas de ser escuchadas. Un anhelo de justicia que se materializaría mediante el reconocimiento de las víctimas como tales. Pero, al mismo tiempo, se buscan las condiciones para establecer otra narrativa. Es decir, un intento de construir un relato histórico que ya no sea único ni hegemónico, sino que dé cuenta de las múltiples voces que aún perduran.

Hoy en día, el perdón se utiliza como un medio, como un recurso apolítico para fines políticos. Su instrumentalización se produce con el fin de resolver conflictos, apaciguar los ánimos y garantizar el mantenimiento del poder. Instituciones, estados y sus representantes escenifican grandes actos de disculpas públicas y colectivas, reconociendo ciertos errores del pasado y, por tanto, representando representaciones con un carácter terapéutico. 

 

En este sentido, el orden social supuestamente se garantiza mediante la reconciliación entre ofendidos y ofensores. Además, instrumentalizan la propia condición de las víctimas como capital político. Se esfuerzan, con meticulosidad y estrategia, hasta el límite de su conveniencia, por convertir la injusticia política en una injusticia moral, incluso religiosa, organizando el duelo y creando el clima emocional necesario para que las demandas de las víctimas, desde el reconocimiento de la injusticia, se reduzcan a niveles políticamente aceptables.

 

Así pues, los discursos de reconciliación nacional, apaciguamiento y terapia colectiva representan, en la práctica, estrategias para mantener el poder político mediante la manipulación de un principio apolítico: el perdón. Y quizá sea posible afirmar que, incluso cuando el perdón se introduce en la esfera política con intenciones sinceras y genuinas, su apropiación por parte de los políticos entraña el riesgo de una instrumentalización perniciosa. Porque, una vez en el plano político, una petición de perdón no se corresponde propiamente con un contexto de arrepentimiento y culpa por errores pasados, sino más bien con una maniobra que garantiza precisamente la ausencia de castigo.