La hoja de ruta: El Brasil que termina 2025 y el país al que tendrá que enfrentarse en 2026.

Brasil cierra 2025 atrapado entre dos perspectivas que nunca llegan a coincidir del todo. Por un lado, el país que lideró el G20, articuló la ampliación de los BRICS y organizó la COP-30 como si hubiera nacido para la diplomacia climática. Por otro, la nación que sigue asolada por la desigualdad, la violencia cotidiana, el trabajo precario y la sensación de que la democracia, aun sobreviviendo, permanece debilitada. Tras un año en el que Brasil brilló en el escenario mundial, ha llegado el momento inevitable de la introspección y de afrontar la realidad del país, que se resiste a ser postergada.

El Brasil que cautivó al mundo, y el país que permaneció al margen.

Mientras Belém acogía a líderes mundiales para debatir la supervivencia de los bosques y el rediseño de la "hoja de ruta hacia un mundo que defienda la preservación de los bosques en pie, combata la deforestación y se aleje del uso de combustibles fósiles", las cifras nacionales seguían revelando un Brasil suspendido entre el progreso y la frustración. 

La economía creció por encima del promedio mundial —alrededor del 2,0%, según el FMI— pero sin la capacidad de modificar la profunda estructura de desigualdades. La inflación convergió al 3,8% anual, si bien la inflación percibida por las familias de bajos ingresos sigue siendo mucho mayor en alimentos, gas para cocinar, transporte y alquiler. Además, las tasas de interés se mantuvieron entre las más altas del mundo en términos reales, lo que generó una fuga de capitales de aproximadamente R$ 785 mil millones en pagos de intereses tan solo en 2025; recursos que podrían haber financiado la salud, la educación, la ciencia, la infraestructura y la reconstrucción del Estado brasileño.

Esta contradicción se ha convertido casi en un sello distintivo del país: un Brasil que ofrece al mundo una agenda para el futuro, mientras que internamente sigue operando bajo viejas limitaciones. El mercado laboral ilustra esta paradoja. El desempleo cayó al 7,2%, el nivel más bajo en más de una década, pero el alivio estadístico no se ha traducido en dignidad. El uso de trabajadores independientes ha aumentado, la informalidad ha crecido y los jóvenes —especialmente los jóvenes negros y marginados— siguen siendo empujados a trabajos mal pagados y sin perspectivas. Se crean empleos; no se construyen horizontes.

La desigualdad sigue siendo la fuerza que estructura la sociedad brasileña. Según Oxfam, el 1% más rico concentra el 51% de la riqueza nacional, mientras que el 10% más rico acapara el 60% de los ingresos. En ese mismo territorio, 9,1 millones de personas viven en grave inseguridad alimentaria y 32 millones subsisten con menos de 420 reales al mes. El Brasil que lidera los debates internacionales sobre desarrollo y sostenibilidad es el mismo país donde el hambre y la precariedad siguen marcando el día a día de millones de ciudadanos.

Una sociedad herida y la fragilidad de nuestra democracia

A lo largo de 2025, la situación social en las principales ciudades brasileñas volvió a presagiar una crisis que se resiste obstinadamente a ser abordada con la prioridad que merece: la de la seguridad pública. Las muertes causadas por agentes de policía superaron las 6.700 ese año —más que todas las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad en la Unión Europea juntas— y las masacres se volvieron habituales en estados como Río de Janeiro y Salvador.

La salud pública acumuló listas de espera de casi un millón de procedimientos, mientras que los municipios sufrían escasez de médicos, personal y suministros básicos. La educación básica, descuidada durante años por políticas estructurales, seguía funcionando entre la resiliencia del profesorado y la precariedad de las instituciones: la mitad de las escuelas aún carecen de biblioteca, laboratorio o cancha deportiva techada, según el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira. (INEP).

La juventud es el rostro más visible de esta erosión. Las tasas de desempleo, casi tres veces superiores a la media, la violencia cotidiana, el creciente abandono escolar y la manipulación digital por parte de las redes de desinformación conforman un círculo vicioso que socava no solo el presente, sino también el futuro democrático del país. La democracia no se limita a una Constitución ciudadana como la de 1988, de la que nos sentimos orgullosos; es también la convicción de que la vida puede mejorar, de que existe un futuro. Cuando ese futuro se reduce, la democracia se debilita.

En este contexto, la extrema derecha brasileña —aunque debilitada electoralmente— continúa operando y manipulando. Ha perdido tamaño, pero no convicción. Se ha reorganizado en alcaldías, concejales, redes religiosas y grupos armados. Se nutre del miedo, la desinformación y la experiencia concreta del sufrimiento económico y social. Las elecciones de 2026, que ya empiezan a perfilarse, no serán unas elecciones rutinarias. Serán, una vez más, una contienda por profundos cambios de rumbo.

El gobierno de Lula, fortalecido internacionalmente, termina el año bajo presión interna debido a las restrictivas políticas fiscales y monetarias, un Congreso fragmentado, el desgaste social acumulado desde la pandemia y la brecha entre las cifras macroeconómicas positivas y la realidad de la población. Existen resultados, pero aún no se han traducido en una sensación de alivio.

El año que comienza: La necesidad de afrontar el país que somos

El camino hacia 2026 exige que Brasil abandone su histórica costumbre de postergar sus problemas estructurales. El país necesita afrontar la desigualdad con la misma prioridad con la que defiende sus bosques; necesita reconstruir el trabajo digno con la misma urgencia con la que negocia las transiciones energéticas globales; necesita romper con el ciclo de tasas de interés prohibitivas que benefician a unos pocos y perjudican a millones; necesita reinventar la política de seguridad pública para que deje de producir cuerpos y empiece a producir vida; necesita transformar la transición ecológica en un proyecto nacional de inclusión, innovación y empleo; y necesita proteger la democracia de la maquinaria de desinformación que intenta capturar al Estado mediante el resentimiento.

Aquí es donde las encuestas electorales más recientes —Datafolha, Quaest, IPEC— adquieren un papel ambiguo. Muestran a Lula liderando los escenarios para 2026 con una ventaja significativa sobre todos los candidatos de derecha y extrema derecha, en algunos casos superando los diez puntos de diferencia y manteniendo niveles de aprobación que resisten el desgaste social y la presión institucional. Pero las cifras favorables nunca han sido garantía de tranquilidad en Brasil. Al contrario: pueden ser el presagio de ofensivas más duras. 

La extrema derecha no ha sido derrotada; se ha reorganizado. Opera en los municipios, influye en los grupos armados, avanza en las iglesias neopentecostales, multiplica los canales de desinformación y se prepara para una contienda agresiva, polarizada y posiblemente antidemocrática. El Congreso —que durante todo el 2025 saboteó proyectos progresistas, distorsionó las prioridades nacionales y actuó como una fábrica de chantaje— es plenamente consciente de que su poder depende de mantener al país dividido y al gobierno acorralado. Nada indica que vaya a ceder. Por eso, a pesar de las alentadoras encuestas, la vigilancia democrática sigue siendo indispensable. Brasil ya ha visto lo que sucede cuando baja la guardia. El peligro sigue presente, disciplinado y latente.

Planificación a largo plazo

Existe también una demanda cada vez más urgente entre economistas, urbanistas, científicos y administradores públicos: Brasil necesita recuperar su capacidad de planificar el futuro. Un país no se construye simplemente reaccionando a la situación actual, por turbulenta que sea. Carecemos de un programa a largo plazo, un horizonte estratégico capaz de integrar infraestructura, educación, ciencia, tecnología, industria verde, economía digital y la reducción de las desigualdades. Los países que han superado el atraso —y China es solo el ejemplo más notorio— han progresado porque pensaron con décadas de anticipación. Sus planes quinquenales no son meros caprichos tecnocráticos, sino instrumentos de coordinación nacional. Brasil, que posee todos los recursos y el talento para liderar la transición ecológica y tecnológica, no puede seguir siendo prisionero de ciclos electorales cortos, agendas improvisadas y disputas parroquiales. Necesitamos un plan nacional, no solo un plan gubernamental. 

La geopolítica en transformación y la urgencia de un plan nacional.

Esta necesidad de planificación se hace aún más evidente al observar la acelerada metamorfosis de la geopolítica. El mundo que se está configurando para la próxima década no será una mera extensión del presente: surgen nuevas alianzas, nuevos países del Sur Global ocupan posiciones estratégicas y actores tradicionales comienzan a actuar como fuerzas de erosión. Donald Trump, de vuelta en la Casa Blanca, es el símbolo más claro de esta era de depredadores geopolíticos: líderes que desmantelan las instituciones multilaterales, tratan regiones enteras como zonas de influencia militar y apuestan por el caos como método de poder. Al mismo tiempo, crece la relevancia de estructurar alianzas, como las que existen entre China, India, Indonesia, Sudáfrica y el grupo ampliado de los BRICS, todos comprometidos con la reorganización del comercio, las divisas, la energía y la gobernanza global.

En un mundo que se transforma con tanta rapidez, Brasil no puede avanzar sin una brújula. O bien contaremos con un proyecto nacional capaz de integrarse al nuevo orden —y beneficiarse de él— o seguiremos siendo vulnerables a las presiones externas, las crisis importadas y las aventuras de potencias que tratan incluso a sus aliados como piezas desechables. Planificar es, hoy, un acto de soberanía.