El nudo político de Maranhão

De repente, Brasil descubrió Pedrinhas, una especie de infierno, en Maranhão, donde 60 presos fueron asesinados el año pasado y dos en 2014; algunos decapitados. Desde allí, se dio la orden a los criminales de sembrar el terror en São Luís, donde Ana Clara, una niña de seis años, murió tras incendiarse un autobús.

¿Constituyen estos motivos suficientes para la intervención federal? En teoría. Según el artículo 34 de la Constitución Federal, la Unión debe intervenir cuando las autoridades locales demuestran ser incapaces de garantizar los derechos humanos, como en el caso de Pedrinhas, y la seguridad de la población, como ocurrió fuera de la prisión.

Sin embargo, ¿son propicias las condiciones políticas para que esto ocurra? En realidad, no. Y así lo reconoce incluso Flávio Dino, presidente de Embratur, precandidato a gobernador de Maranhão y principal opositor del gobierno de Roseana Sarney en Maranhão. La razón es simple: durante los ocho años de gobierno de Lula y los dos primeros de la presidencia de Dilma, el expresidente José Sarney fue uno de los pilares —quizás el principal— de la estabilidad política. Lo cual no es poca cosa en un país traumatizado por el llamado escándalo del «mensalão», que precedió a la alianza entre el PT y el PMDB, los dos partidos más grandes del Congreso Nacional.

¿Significa esto que la política prima sobre la ética, la justicia y los derechos humanos? En un mundo ideal, no; en el mundo real, tal vez. Pero conviene recordar que, hace un año, se incendiaban autobuses en São Paulo y el Primeiro Comando da Capital (PCC) ordenaba ataques contra la población, incluso desde las cárceles. Y nadie consideró una intervención federal en São Paulo, algo que tampoco ocurrió cuando 111 reclusos fueron masacrados en la ya desaparecida prisión de Carandiru, durante el gobierno de Luiz Antonio Fleury.

Al gobernador Geraldo Alckmin se le confió la facultad de responder a la reciente ola de violencia en São Paulo. Es muy probable que se le otorgue el mismo derecho a Roseana Sarney en Maranhão, sobre todo porque la intervención es una medida absolutamente excepcional que tendría evidentes repercusiones políticas. La principal sería la desmoralización de su gobierno y la implosión de la alianza PT-PMDB, lo que motiva a muchos que hoy claman por la intervención federal, quizás incluso más que por la defensa de los derechos humanos.

Se espera que el fiscal general Rodrigo Janot presente su solicitud de intervención, y fuentes cercanas a la Fiscalía indican que está aguardando el momento oportuno. En teoría, una medida extrema debería ser adoptada por el pleno del Tribunal Supremo. Sin embargo, también podría tomarse una decisión preliminar por parte del presidente del Tribunal, Joaquim Barbosa, quien actualmente se encuentra de vacaciones y regresa en febrero. ¿Será este el momento idóneo?