Estados Unidos está intensificando las amenazas, pero Venezuela se resiste.

Por José Reinaldo Carvalho - La tensión provocada por el bloqueo militar estadounidense a Venezuela, con sus ruidosas amenazas de guerra, ha llegado a un punto crítico que exige una reflexión serena, firmeza política y una defensa inquebrantable de la soberanía por parte del poder revolucionario venezolano. 

Los movimientos militares estadounidenses revelan una escalada que amenaza no solo a Venezuela, sino a todo el equilibrio estratégico del continente. La paz de toda la región se ve amenazada, lo cual contradice la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana en 2014. Ante esto, resulta esencial denunciar el carácter agresivo, ilegal y profundamente desestabilizador de la postura estadounidense.

La presencia del USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aeronaves de última generación, carece de justificación alguna. La retórica de la lucha contra el «narcoterrorismo», utilizada por la propaganda imperialista para justificar una acción beligerante más, se desmorona ante la ausencia de pruebas y las 19 intervenciones militares estadounidenses en el Caribe, que ya han dejado 76 muertos en embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico. Una flagrante violación del Derecho Internacional. 

Los ejercicios militares realizados en Trinidad y Tobago la semana pasada, aunque disfrazados de una iniciativa rutinaria y normal, fueron percibidos, con razón, por el gobierno venezolano como una clara provocación. No hay normalidad posible cuando una superpotencia, en medio de repetidas amenazas de intervención, moviliza fuerzas colosales a escasos kilómetros de la costa de un país soberano. Se trata de una presión calculada, destinada a alimentar la incertidumbre y debilitar políticamente al Estado venezolano, su autodeterminación, su estabilidad y su seguridad.

En la retórica beligerante de Trump, la amenaza de derrocar al presidente Nicolás Maduro se trata con la indiferencia de quien se cree con derecho a decidir el destino de otras naciones. Sus declaraciones de que «los días de Maduro están contados» revelan su intención de destruir el proceso político bolivariano e imponer, por la fuerza, una reorganización interna compatible con los intereses estratégicos de Washington. Se trata de una política de agresión disfrazada de cruzada democrática.

Este discurso intervencionista encuentra eco de inmediato en la oposición venezolana más extremista. María Corina Machado, haciéndose eco de la Casa Blanca, proyecta un supuesto escenario «post-Maduro» como si el país estuviera al borde de una inminente toma del poder. Su afirmación de que «el chavismo ha terminado» encapsula la ilusión de que la presión externa creará un vacío político que será llenado por fuerzas afines a Estados Unidos. Es una estrategia que desestima el sentimiento nacional e ignora la base social que sustenta el proyecto bolivariano.

La respuesta de Caracas, sin embargo, ha sido coherente con el principio de autodeterminación. El gobierno venezolano rechaza cualquier intervención y refuerza la preparación militar como instrumento legítimo de defensa nacional. La disposición de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y las milicias populares demuestra que el país no aceptará la violación de su soberanía. Al mismo tiempo, mantiene abierta la puerta al diálogo, siempre que no se impongan condiciones humillantes ni amenazas.

Ante este escenario, se presentan dos caminos. El primero, impulsado por Estados Unidos, se basa en el desgaste interno y la asfixia económica, combinados con una ostentosa presencia militar destinada a la intimidación. El segundo, si bien frágil, conserva la posibilidad de una solución negociada, lo que requeriría abandonar las condiciones previas establecidas según el método de máxima presión, que impide cualquier avance hacia la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y Venezuela. 

La crisis, por lo tanto, se acerca a un momento decisivo. La región solo encontrará la estabilidad cuando cesen las amenazas y prevalezca el respeto por el pueblo, sus instituciones y su derecho inalienable a decidir su propio rumbo. 

La posibilidad de una guerra abierta sigue siendo el último recurso para Washington, no por prudencia moral, sino por los riesgos incalculables que representaría para los propios Estados Unidos. Así, la guerra híbrida continúa: sanciones, asedio diplomático, operaciones psicológicas y apoyo a la oposición extremista. Su éxito, sin embargo, depende de fracturas internas que aún no se han materializado.

La paz hoy depende más del compromiso con la soberanía venezolana que de la bravuconería militarista que emana del imperialismo estadounidense.