Para que Lula gobierne, la primera reforma tiene que ser política.

Por Helena Chagas, para 247 

Cambiar las reglas del juego ante la perspectiva de la victoria del oponente siempre ha sido una táctica común de las repúblicas bananeras y los regímenes autoritarios disfrazados de democracias. Hemos tenido aquí la figura del "senador biónico" para asegurar mayorías en la legislatura, gobernadores nombrados por las asambleas legislativas y colegios electorales del Congreso que elegían a generales como presidentes, y que eran clausurados cuando desobedecían sus órdenes.

Creíamos, casi treinta años después del fin de la dictadura, que teníamos una democracia consolidada y que esto era cosa del pasado. No es así, y no solo porque tenemos un capitán-presidente que a diario amenaza con un golpe de Estado. Estas, al parecer, pueden clasificarse como meras bravuconadas. El comportamiento de instituciones como el Poder Legislativo, por increíble que parezca, es lo que nos recuerda aquellos tiempos oscuros.

Al desmantelar, con la Enmienda Kamikaze, la ley electoral que busca salvaguardar el principio constitucional de igualdad entre candidatos —pilar de la democracia— e instaurar de la nada un estado de emergencia injustificable, permitiendo así que el candidato presidencial casi derrotado inyecte 40 mil millones de reales al electorado, el Senado Federal parece haber retrocedido a la era de la casuística que considerábamos extinta. No será el único, pues en pocos días la Cámara de Diputados hará lo mismo.

Esto no ocurrió de repente, aunque hoy es la señal más visible de la erosión de las instituciones democráticas, aquellas que, ¿recuerdan?, en su día desempeñaron un papel decisivo en el fin de la dictadura. El Poder Legislativo ha sido degradado a su máximo nivel por el gobierno de Jair Bolsonaro, elegido mediante la farsa de Lava Jato, tras el impeachment de un presidente que no cometió ningún delito.

Es posible que encontremos en la farsa de las "maniobras fiscales" que sirvieron de base para el impeachment de Dilma el origen de todo este caos institucional, agravado por una presidenta completamente desprevenida que entregó el poder en bandeja de plata a un Congreso cuyo principio fundamental es la ambición de sus líderes. Comprar votos con enmiendas secretas, cambiar la Constitución en una semana o mediante votaciones a distancia, se han convertido en comportamientos comunes y aceptados.

El resultado de todo esto no será una supuesta victoria para Jair Bolsonaro, basándose en los beneficios que le otorgó el Congreso. Según los expertos en encuestas, el impacto de esta estratagema será modesto, y todo indica que el expresidente Lula seguirá liderando la contienda.

Pero es necesario preguntarse si, en medio de este desmantelamiento gradual pero constante de las instituciones democráticas, Lula o cualquier otro podrá gobernar. Con el presupuesto secreto y otros vicios adquiridos por las instituciones —y, además del Congreso, debemos incluir el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, la Policía Federal y otras— ni siquiera Jesucristo podría gobernar Brasil hoy.

Por eso, Lula, su base de apoyo y la sociedad misma necesitan aprovechar la movilización popular de las elecciones para, de ser elegido, impulsar una reforma que devuelva a cada uno de los poderes del Estado al lugar que le corresponde. Algunos la llaman reforma política; otros, quizás con mayor precisión, renegociación institucional. Lo cierto es que, sin ella, ya nadie puede gobernar este caos.

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