La reforma administrativa fue un objetivo marcado por Dilma.

Por Esmael Morais

A pesar de que algunos analistas políticos afirman que el cambio en el gabinete de la presidenta Dilma es una concesión de cargos a cambio de apoyo político contra la destitución, lo cierto es que con sus anuncios del viernes cambió el rumbo de la situación política y, más aún, de la economía.

La reacción de los principales medios de comunicación, sus analistas y periodistas especializados es comprensible. Al fin y al cabo, llevaban pronosticando mala suerte para el gobierno desde antes de que asumiera el poder. No podían concebir otro escenario.

Pero la presidenta Dilma acercó al expresidente Lula a su círculo íntimo, reasignó ministros y, como ella misma dijo, actualizó la base política del gobierno para garantizar la gobernabilidad: "desde la redemocratización, los gobiernos de coalición han promovido cambios cuando ha sido necesario".

Esta medida debilita la capacidad golpista de la oposición, mejora la gobernabilidad y posibilita que se voten las medidas enviadas al Congreso Nacional para mejorar la economía.

La presidenta sorprendió a todos al anunciar una reforma administrativa que reduce su propio salario y el de sus ministros, elimina tres mil puestos de nombramiento, ocho ministerios y treinta secretarías. También creó la Comisión Permanente de Reforma del Estado. Es lamentable que ningún periódico le dedicara ni una sola línea. Cabe destacar, una vez más, que los programas sociales no sufrieron recortes.

El anuncio del presidente y los cambios implementados ya han dado frutos en la economía: la bolsa subió el viernes y el dólar cerró a la baja. Estoy seguro de que también tendrá repercusión en el Congreso Nacional.

Pero la ofensiva contra Dilma continúa, porque esta semana el TCU (Tribunal de Cuentas Federal) juzgará las cuentas del año 2014. El ponente, el ministro Augusto Nardés, exdiputado federal con una postura política declarada, ya ha anunciado que su dictamen será desaprobatorio. De hecho, el motivo, las llamadas maniobras fiscales, siempre ha existido. ¿Por qué Nardés no lo mencionó antes? El Tribunal de Cuentas no toma postura política. Esa es responsabilidad del Congreso Nacional. El TCU, que es un órgano auxiliar del Congreso, se encarga de la evaluación técnica. Menos entrevistas, más eficacia.