República de milicianos

Hace unos meses escribí un artículo titulado «Sociedad sin Estado», en el que me refería a un fenómeno conocido como «libanonización». Esta expresión designa la ausencia de un Estado, de instituciones políticas organizadas, autónomas e independientes. Expresé mi preocupación por la inquietante vinculación del clan Bolsonaro con las milicias que operan en el estado de Río de Janeiro. El vínculo sería el asesor del hijo de Bolsonaro, apodado «Queiroz», quien nunca declaró ante la policía sobre las extravagantes transacciones financieras en la cuenta del hijo mayor del presidente.

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Las últimas medidas adoptadas por el jefe de Estado no han hecho sino ampliar el alcance de la preocupación inicial. Intervención en la Policía Federal de Río de Janeiro, en el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) y en la Agencia Tributaria. Todo ello constituye un claro indicio del desmantelamiento de los instrumentos legales destinados al control y seguimiento de los delitos financieros y fiscales cometidos por delincuentes de cuello blanco en Brasil (los llamados «criminales federales», como dice la canción de Chico Buarque de Holanda). Si se tiene en cuenta que algunas de estas investigaciones se centraron precisamente en las cuentas del hijo de Bolsonaro, incluyendo bienes no declarados a la Agencia Tributaria al momento de registrar su candidatura ante el Tribunal Electoral de Río de Janeiro, se comprende el interés del presidente por neutralizar la labor investigativa de estas instituciones públicas.

El profundo significado de esta anomalía administrativa es encubrir operaciones clandestinas, el verdadero conducto de los recursos que llenan las arcas de los miembros de este clan familiar. El estado de Río de Janeiro es conocido como una zona de guerra entre facciones y pandillas, por donde fluye diariamente el contrabando de armas y drogas. Y muchos se benefician de este estado de ilegalidad y beligerancia. En el pasado, se hablaba de un estado paralelo dentro de esa unidad federal. Hoy, el paralelismo ha dado paso a una unidad entre lo legal y lo ilegal, ante las narices del poder judicial brasileño.

Al intervenir arbitrariamente en la dirección de esas instituciones de control, puso en alerta máxima al cruzar la delgada línea que separa la ilegalidad de la legalidad, situando la primera en el centro de las instituciones republicanas. El país no puede ni debe ser gobernado como una hacienda o un distrito rural, donde la voluntad inquebrantable de un déspota o gobernante impera, a riesgo de hacer inviable la vida republicana, laica y constitucional. Una república bananera, donde la voluntad imperial del líder manda y revoca, crea y destruye, irrespetando los mandatos constitucionales, la autonomía de los poderes, corrompiendo a los parlamentarios y amenazando a los jueces. Y, por si fuera poco: destruyendo los espacios de pensamiento crítico (las universidades) y los derechos arduamente conquistados por la población.

¿Es esta la nueva interpretación de la historia, simbolizada por la rehabilitación de la memoria de un cruel torturador que ahora queremos relatar a la posteridad?