ANDC sugiere ajustes urgentes a RenovaBio ante inminentes nuevas regulaciones
Asociación de distribuidores de combustibles exige ajustes al programa y advierte de riesgos ambientales, económicos y diplomáticos
247 - Con la entrada en vigor de las nuevas normas de RenovaBio este lunes (31), el sector de los combustibles se enfrenta a incertidumbre regulatoria y riesgos de seguridad jurídica. Según un informe publicado por Agência Brasil, el Ministerio de Minas y Energía aún no ha finalizado el decreto reglamentario de la Ley n.º 15.082/2024, que debería guiar la implementación de la nueva fase del programa. La normativa debería abordar la asignación de recursos provenientes de la venta de bonos de descarbonización (CBIOS), de los cuales el 60 % debe destinarse a agricultores, así como establecer sanciones por el incumplimiento de los objetivos de adquisición.
Dada la brecha regulatoria y las distorsiones acumuladas desde la creación de RenovaBio en 2017, la Asociación Nacional de Empresas de Distribución de Combustibles (ANDC) presentó al gobierno federal un paquete de propuestas centradas en los tres pilares fundamentales del programa: objetivos obligatorios, certificación de productores de biocombustibles y el mercado CBIOS. La organización enfatiza que la normativa actual representa una oportunidad única para corregir fallas históricas y alinear RenovaBio con los compromisos climáticos de Brasil, especialmente el Acuerdo de París y el nuevo Sistema Nacional de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SNC).
"RenovaBio debe lograr una reducción efectiva de la intensidad de carbono de la matriz vehicular, la integridad ambiental y la racionalidad económica. ¡Algo nunca antes sucedido!", advirtió Francisco Neves, director ejecutivo de ANDC, al abogar por ajustes estructurales al programa.
Crítica a los objetivos y exclusividad de los distribuidores - En cuanto a los objetivos obligatorios de adquisición del CBIOS (Eje 1), ANDC argumenta que la estructura actual traslada toda la carga regulatoria a los distribuidores, excluyendo a otros agentes igualmente contaminantes, como los productores, refinadores, importadores y minoristas de combustibles fósiles. La propuesta consiste en ampliar la rendición de cuentas vinculándola a la huella de carbono de cada actividad.
La entidad también exige la inclusión de estudios técnicos sobre el impacto de las metas en la inflación y el precio final de los combustibles, así como evidencia que demuestre la contribución efectiva del CBIOS a la reducción de emisiones en el sector transporte.
Certificación ambiental bajo sospecha - En la segunda área, centrada en la certificación de productores, ANDC aboga por fortalecer los criterios de elegibilidad para la emisión de créditos, exigiendo el cumplimiento de las normas territoriales, ambientales y laborales. Francisco Neves afirma que aún existe una falta de rigor en los procesos de autorización, especialmente en el uso de datos genéricos en Renovacalc, la herramienta oficial para calcular la huella de carbono de los biocombustibles.
La entidad sugiere sustituir los datos agrícolas “estándar” por información específica, auditable y que refleje prácticas de producción sostenibles, lo que, según la entidad, es fundamental para garantizar la integridad de los créditos emitidos.
Una anomalía en el mercado CBIOS abre espacio para la especulación - El tercer eje, la negociación de CBIOS, es identificado por ANDC como el más crítico. La oferta de créditos es voluntaria, mientras que la demanda es obligatoria, lo que genera una "anomalía económica" que favorece la especulación financiera y el aumento de los precios de los bonos. Para combatir este escenario, la entidad propone que los CBIOS sean fungibles e incluirlos en los mercados internacionales de carbono, de acuerdo con las directrices de la ONU y del Acuerdo de París.
"Es necesario dotar de racionalidad económica al entorno comercial", señala la asociación, que también advierte de los riesgos del greenwashing —prácticas que solo parecen comprometidas con el medio ambiente— si no se mejora la gobernanza del programa.
Riesgos para la imagen internacional de Brasil - La próxima COP30, prevista para 2025 en Belém, Pará, añade un componente geopolítico a la urgencia de la regulación. Neves advierte que, sin ajustes estructurales, RenovaBio podría convertirse en un lastre ambiental y diplomático. "Al no abordar las políticas de descarbonización, el programa podría exponer al país a sanciones regulatorias y restricciones en el acceso a los mercados y al financiamiento climático", advirtió el director de ANDC.
Además de proponer un nuevo marco regulatorio, ANDC aboga por la democratización del Comité Directivo de RenovaBio y la adopción de parámetros técnicos transparentes, viables y económicamente equilibrados. Según la organización, estas medidas son esenciales para restaurar la credibilidad del programa y transformarlo en un instrumento eficaz para la transición energética.


