El problema de la policía brasileña

Las huelgas policiales no impidieron las celebraciones del Carnaval en Brasil. Sin embargo, en Bahía, el mensaje se transmitió con un tono amenazante y violento. En otros lugares, se hizo de forma más sutil mediante acciones de trabajo a reglamento, en las que la policía solo sale a las calles cuando se garantizan las condiciones laborales y la seguridad, y en casos urgentes. Esta fue la decisión tomada en el Distrito Federal por la policía militar. En cualquier caso, estos movimientos de huelga evidencian el descontento policial. Ahora queda por ver si, una vez finalizado el Carnaval, se retomará el debate sobre este tema o si todo terminará con samba.

Las huelgas policiales son un tema controvertido, especialmente para las fuerzas policiales militares. Existen diferentes interpretaciones legales. Para algunos, los cuerpos policiales tienen derecho a huelga como cualquier otro colectivo de trabajadores. Para otros, este derecho se niega porque la policía desempeña una función esencial. Independientemente de estas interpretaciones, los agentes de policía, tanto civiles como militares, recurren cada vez más a la huelga para exigir mejores salarios.

Sin embargo, lo que los gobiernos no ven o ignoran es que las huelgas policiales representan mucho más que simples disputas salariales. Señalan el agotamiento del sistema. Entre las instituciones brasileñas, la policía se encuentra entre las que menos confianza inspira en la sociedad. Datos recopilados por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) en 2010, para la elaboración del Sistema de Indicadores de Percepción Social (SIPS) sobre Seguridad Pública, muestran que la policía brasileña no goza de buena imagen entre la ciudadanía. Lamentablemente, en ninguna región del país más del 6% de la población afirma tener mucha confianza en la labor policial.

Además de la desconfianza ciudadana, destaca otro factor agravante: la baja eficacia policial. Analizando únicamente el homicidio —el delito de mayor impacto y que concentra los esfuerzos policiales—, el número de casos resueltos es insignificante. En promedio, la policía brasileña resuelve entre el 5 % y el 10 % de los homicidios. Estas cifras son aún peores si se consideran otros delitos con menor repercusión en la opinión pública.

Este contexto de desconfianza e ineficiencia se ve agravado por el aumento de la delincuencia. El miedo a ser víctima de un delito atormenta a miles de brasileños. Según datos del Ipea/Sips, el 78,6% de los brasileños teme ser asesinado. Todo esto genera una situación peculiar, pues si bien la policía es vista con desconfianza por una parte importante de la población y no es un ejemplo de eficiencia, se le exige que sea la única responsable de resolver el problema de la delincuencia.

Estos hechos son graves, pero representan solo la punta del iceberg. Hay otros problemas ocultos. Primero, existe una rígida división entre la policía militar y la civil, que solo sirve a los intereses corporativos. Segundo, la devaluación de la carrera policial desmotiva a los agentes o los empuja a la corrupción. Tercero, las estructuras obsoletas y deterioradas son incapaces de hacer frente al crimen organizado. Cuarto, las organizaciones están estructuradas con un mando autoritario que no reconoce la labor del agente de policía de base. Quinto, se observa un populismo barato en los debates sobre seguridad pública y vigilancia policial. Esta lista no es exhaustiva.

En este contexto, las huelgas policiales exigen ostensiblemente mejores salarios, pero en esencia, lo que denuncian es que el sistema policial brasileño no sirve ni a la policía ni a la sociedad. El tema de la policía quedó excluido de los debates de la Asamblea Constituyente de la década de 1980 porque el pasado de la policía bajo el régimen militar se ocultó en lugar de abordarse abiertamente. El artículo 144 de la Constitución de 1988, relativo a la Seguridad Pública, consolidó fuerzas policiales autoritarias en plena era democrática. En otras palabras, la policía no estaba preparada para el periodo democrático. De hecho, rasgos autoritarios se manifiestan en las actuaciones policiales cotidianas.

A pesar de la evidencia innegable del deterioro del sistema policial brasileño, los funcionarios gubernamentales y los líderes policiales no abordan el problema de frente. De hecho, la propia policía no lo resuelve de manera razonable. Por ejemplo, la Propuesta 300 de Enmienda Constitucional, que trata sobre un salario mínimo nacional, podría generar beneficios inmediatos, pero a corto plazo paralizaría aún más el sistema. La demanda de salarios dignos está más que justificada, pero el tema salarial no afecta a todas las fuerzas policiales por igual. Los puestos de mando, la élite policial, por ejemplo, reciben una remuneración adecuada. En cambio, las deficiencias del sistema policial afectan a toda la ciudadanía.

El problema más grave es que el debate público sobre la labor policial rara vez aborda los aspectos cualitativos de dicha función. Se centra en los recursos, las estructuras y las responsabilidades policiales. Las soluciones adoptadas hasta ahora para contener las huelgas policiales no son una excepción. O bien se silencia a la policía mediante acciones legales y la presencia del ejército en las calles, o bien se conceden unos míseros ajustes salariales. Mientras tanto, el problema policial sucumbe al sonido de tambores, cuícas, ráfagas de ametralladora y gritos de auxilio.

Alexandre Pereira da Rocha es candidato a doctor en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado sobre las Américas (CEPPAC) de la Universidad de Brasilia. Es licenciado y máster en Ciencias Políticas por la misma universidad. Cuenta con experiencia en el campo de las Ciencias Políticas, con especialización en política brasileña, teoría general del Estado, administración pública, partidos políticos, el poder legislativo, seguridad pública, violencia, policía y estudios comparativos.