Alberto Toron y Marco Aurélio de Carvalho abogan por la implementación del juez de garantías.
Los expertos legales argumentan que el instrumento hará que la justicia sea más rápida, más racional y más segura, permitiendo procesos más justos.
247 - La implementación del juez de garantías en el sistema de justicia penal brasileño será tema de debate en el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) tras una larga espera de más de tres años. Los juristas Alberto Zacharias Toron y Marco Aurélio de Carvalho, miembros del grupo de Prerrogativas, destacaron la importancia de este modelo para garantizar la imparcialidad del juez en los procesos penales.
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), la ministra Rosa Weber, fue elogiada por juristas por su determinación en la promoción de un sistema de justicia penal más eficiente, racional y protector que salvaguarde los derechos y garantías individuales. Gracias al compromiso de la ministra y a la programación de las acciones directas de inconstitucionalidad contra el juez de garantías, el tema finalmente se debatirá y, se espera, se autorice la implementación del modelo.
El juez de garantías se basa en la separación del juez que actúa en la fase de investigación del que actuará en la fase de juicio. Esta práctica se ha aplicado durante casi 40 años en la capital paulista, a través del Departamento de Investigaciones Policiales (DIPO). El sistema de justicia paulista separó al juez responsable de autorizar escuchas telefónicas, registros e incautaciones, detenciones temporales o preventivas durante la fase de investigación, del juez que juzgará el fondo del caso penal. Esta división del trabajo ha permitido un mejor seguimiento de las investigaciones policiales y una revisión centralizada de los recursos de habeas corpus contra las ilegalidades cometidas por la policía.
Esta exitosa experiencia en São Paulo se ha replicado en otros estados, como Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pará y Piauí. Contrariamente a las afirmaciones de los críticos, la separación del juez de garantías no ha generado impunidad, sino que, por el contrario, ha dinamizado las investigaciones, según expertos legales. Además, ha creado condiciones para la imparcialidad, ya que el juez que juzgará el caso penal no estará sujeto a las pruebas producidas durante la fase de investigación.
El modelo actual ha sido blanco de críticas debido a abusos y errores, como lo demuestran las acciones sesgadas de la Operación Lava Jato, que sirvieron a intereses políticos y electorales. La implementación del juez de garantías busca corregir estas fallas y fortalecer la credibilidad del sistema judicial brasileño, afirman Toron y Carvalho.
Para ellos, el juez de garantías es sinónimo de un sistema de justicia más ágil, racional y seguro, que permite un proceso más justo con un juez más imparcial en relación con el caso. El debate sobre si el juez de garantías será responsable de recibir la acusación o si esta responsabilidad recaerá en el juez a cargo de la acción penal se considera secundario ante la urgente necesidad de garantizar la imparcialidad del juez penal.
Estudios realizados por el Consejo Federal de Justicia y el Consejo Nacional de Justicia han revelado que el costo de implementar el juez de garantías es prácticamente nulo, ya que se trata simplemente de una división del trabajo. Por lo tanto, no se justifica la demora ni la resistencia encontradas para adoptar este modelo.
Cabe destacar que países como Chile, Paraguay y Colombia ya han instituido jueces de garantía en sus sistemas judiciales.