La Amazonia pierde protección y ambientalistas acusan a Temer y al agronegocio.
La protección ambiental de la Amazonia se ha convertido en moneda de cambio para salvar a Michel Temer, advierten ambientalistas y fiscales; el político del PMDB ha paralizado el proceso de regularización de tierras indígenas y quilombolas, quiere reducir el tamaño de las actuales reservas ambientales y, cediendo a la presión del lobby rural, legalizó tierras invadidas en áreas protegidas, compradas por el 10% del valor de mercado.
247 - Los ambientalistas han advertido sobre el peligro que enfrentan las zonas y comunidades amazónicas debido a las medidas adoptadas por Michel Temer a favor de la agroindustria, uno de sus pilares políticos, en un momento en que intenta eludir las acusaciones de corrupción. En las últimas semanas, Temer ha sancionado varias medidas perjudiciales para la región. La más reciente es un programa para legalizar tierras federales invadidas en áreas protegidas y ha paralizado el proceso de creación de territorios indígenas y quilombolas. Estas dos iniciativas se suman a otra medida que se debate en el Congreso: la reducción de las reservas ambientales existentes.
Según Elis Araújo, investigadora del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), existe una ofensiva del lobby rural en el Congreso, y la protección ambiental se ha convertido en moneda de cambio. Los ambientalistas argumentan que legalizar la ocupación ilegal podría conllevar un grave riesgo de violencia. Un informe de la ONG Global Witness afirma que Brasil es el país donde más ambientalistas fueron asesinados en 2016: 49 de un total de 200 a nivel mundial. La Comisión Pastoril de la Tierra ya ha contabilizado 37 muertes en el primer semestre de 2017.
El gobierno ha promulgado una Medida Provisional (MP), presentada como una normalización de la situación de los agricultores pobres, principalmente en la Amazonia. Sin embargo, los ambientalistas afirman que la ley esconde graves riesgos. La nueva ley permite la recuperación de tierras confiscadas hasta 2011 (anteriormente, el límite era 2004) y amplía de 1.500 a 2.500 hectáreas la propiedad estatal que se puede adquirir, por el 10 % del valor de mercado.