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Cámara brasileña aprueba proyecto de ley que abre resquicio para criminalizar movimientos sociales.

La Cámara de Diputados aprobó el martes (12) el proyecto de ley que acelera el bloqueo de bienes y propiedades de personas y empresas investigadas o acusadas de terrorismo; para la oposición, el proyecto, que fue presentado por el gobierno de Bolsonaro, es un resquicio para criminalizar al movimiento social.

Cámara brasileña aprueba proyecto de ley que abre un resquicio para criminalizar movimientos sociales (Foto: Luis Macedo/Cámara de Diputados)

247 - La Cámara de Diputados aprobó el martes (12) el proyecto de ley que acelera el bloqueo de bienes y propiedades de personas y empresas investigadas o acusadas de terrorismo. Para la oposición, el proyecto de ley, presentado por el gobierno de Bolsonaro, constituye una laguna legal para criminalizar al movimiento social.

Con el pretexto de "combatir el terrorismo", el proyecto de ley exige el cumplimiento inmediato de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El texto original ha sido modificado, y la congelación deberá ser aprobada por el Poder Ejecutivo mediante un procedimiento confidencial.

El diputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) enfatizó que Brasil enfrenta un problema de seguridad pública, no de terrorismo. "El gobierno de Jair Bolsonaro envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que pretende tratar a los sin tierra y sin hogar como criminales. Debería hacer lo mismo con milicianos, ministros condenados por corrupción y sus amigos del PSL sospechosos de desviar dinero a través de candidatos falsos", enfatizó el congresista en su cuenta de Twitter. "Hablando de delincuencia, ¿dónde está Queiroz?", añadió el diputado con tono provocador.

Actualmente, la legislación brasileña ya cuenta con reglas para abordar estas sanciones, pero la congelación de activos depende de autorización judicial previa, lo que garantiza el derecho al debido proceso y a una defensa amplia.

El gobierno y sus aliados argumentan, sin embargo, que el proyecto no representa un riesgo de irrespeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas por las medidas, ya que pueden, en cualquier momento, recurrir a la justicia.