Exgobernador de Mato Grosso confiesa crímenes y pasa a prisión domiciliaria.
El exgobernador Silval Barbosa (PMDB), que estaba preso desde septiembre de 2015 y fue liberado en la tarde de este martes (13), confesó haber cometido los crímenes investigados en las diversas fases de la Operación Sodoma, por la Policía Fiscal; la información está contenida en la decisión de la jueza Selma Arruda, del Tribunal Contra el Crimen Organizado de la Capital, que autorizó la transferencia de Silval Barbosa del régimen cerrado al régimen de prisión domiciliaria; el exgobernador ofreció R$ 46 millones para reembolsar a las arcas públicas.
247 com Noticias de los medios - El ex gobernador Silval Barbosa (PMDB), que estaba preso desde septiembre de 2015 y fue liberado en la tarde de este martes (13), confesó haber cometido los crímenes investigados en las distintas fases de la Operación Sodoma, de la Policía Fiscal.
La información está contenida en la decisión de la jueza Selma Arruda, del Tribunal Contra el Crimen Organizado de la Capital, que autorizó el traslado de Silval Barbosa del régimen cerrado al régimen de prisión domiciliaria.
La decisión se tomó en el marco de la Operación Sodoma y tuvo en cuenta que Barbosa confesó una serie de delitos y puso a disposición de la Justicia más de R$ 40 millones en bienes. El exgobernador está negociando un acuerdo de culpabilidad como parte de otra investigación en la que es objeto, la Operación Ararath.
Según ella, en declaración a la Policía Fiscal el 1 de junio de este año, la exgobernadora confesó haber participado en el esquema que culminó con el pago de R$ 31,7 millones para la expropiación de terrenos en el barrio Jardim Liberdade, en Cuiabá, siendo la mitad de ese valor (R$ 15,8 millones) supuestamente devuelto como soborno al grupo.
Este plan es objeto de procedimientos penales derivados de la cuarta fase de la Operación Sodoma, lanzada en septiembre de 2016.
"Silval explica que este procedimiento se realizó con el único fin de desviar dinero público del Estado en beneficio de la organización criminal, ya que tenía una deuda con Valdir Piran, resultante de préstamos tomados durante la campaña, y que con el turbio negocio logró recaudar 10 millones de reales", dice el extracto.
El empresario Valdir Piran fue detenido durante la operación, pero luego fue liberado bajo fianza de R$ 12 millones.
Según el juez, Silval también dijo que en este esquema participaron el ex secretario de Estado Pedro Nadaf, el ex presidente del Instituto de Tierras de Mato Grosso, Afonso Dalberto (quien es un denunciante), y el fiscal retirado Francisco Lima Filho, "Chico Lima".
Según el exgobernador, todos "recibieron sobornos para colaborar con el éxito de la empresa criminal". Silval también señaló la participación del exsecretario de Hacienda, Marcel de Cursi, quien se encuentra en prisión, y del exsecretario de Planificación, Arnaldo Alves, "aunque no recuerda si ambos recibieron parte del soborno acordado".
"El valor total malversado fue de R$ 31.715.000,00 y el acuerdo con la empresa Santorini fue que la mitad de ese valor sería devuelto como soborno", dijo Silval.
Sodoma 1
Según Selma Arruda, Silval también confesó su participación en el esquema descubierto en la primera fase de la operación, en septiembre de 2015, que consistía en exigir un soborno de R$ 2,5 millones al empresario João Batista Rosa a cambio de otorgar incentivos fiscales a sus empresas. Los incentivos se otorgaron intencionalmente de forma irregular para obligar al empresario a seguir pagando sobornos bajo amenaza de revocar los beneficios.
La decisión indica que Silval dijo que fue abordado por João Rosa en 2011, acompañado de Nadaf, momento en el que se quejó de un crédito fiscal que no fue reconocido por el Departamento del Tesoro.
El exgobernador afirmó que, inicialmente, recomendó a João Rosa para que tratara el asunto con el entonces subsecretario de Hacienda, Marcel de Cursi. Sin embargo, Cursi supuestamente se negó a reconocer el crédito.
Sin embargo, días después, según Silval, el empresario y los ex secretarios Nadaf y Cursi acordaron que concederían el Prodeic (Programa de Desarrollo Industrial y Comercial de Mato Grosso) a João Rosa, "siempre que renunciara al crédito que poseía".
Sobre este episodio, aclara que, debido a las deudas de campaña de las elecciones de 2010, asumió un gran pasivo a pagar y, por ello, escogió a algunos secretarios para recibir sobornos y saldar las deudas contraídas.
“Pedro Nadaf habría sido uno de los designados para ese cargo, y en el caso del programa Prodeic otorgado a las empresas de João Rosa, no recuerda haber sido informado sobre el pago de sobornos, pero luego supo que parte del dinero recibido de João Rosa se utilizó para saldar parte de una deuda con un empresario”, dice un extracto de la demanda.
El juez también citó que Silval admitió haber encomendado a Pedro Nadaf la tarea de recibir sobornos para el pago de dicha deuda y que sabía que parte de los valores pagados por João Rosa se utilizaban para liquidar esa deuda.
También aclaró que Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, también conocido como "Chico Lima", actuó en este caso para ayudar en el pago de la deuda mencionada. Explicó que, en esa ocasión, Silvio Cesar Correa de Araújo, entonces jefe de gabinete del gobernador, le solicitó la cantidad de R$ 25.000,00, y que Chico Lima depositó esta cantidad a favor de Silvio a través de la empresa de factoraje de Filinto y Frederico Muller [estos dos últimos denunciantes en el caso Sodoma]".
Según la sentencia, Silval también confesó que, tras dejar el gobierno, se enteró de que João Rosa estaba negociando un acuerdo con el fiscal, "y por eso buscó varias veces a Pedro Nadaf para discutir ese asunto".
Señaló que Marcel de Cursi también recibió sobornos a través de la operación y también a través de Pedro Nadaf. Durante su interrogatorio, reiteró que, debido a compromisos políticos y deudas contraídas durante la campaña de 2010, terminó formando un equipo de gobierno con personas de su confianza implícita, quienes se encargaron de recaudar fondos públicos para pagar estas deudas, creando así una verdadera organización criminal que operó de 2010 a 2014.
Sodoma 2 y 3
Silval también confesó los delitos investigados en las fases 2 y 3 de la operación, que investiga la exigencia de sobornos a los empresarios Willians Mischur y Julio Tisuji, de Consignum y Webtech, respectivamente, para mantener el contrato de las empresas con el Estado. Parte del dinero fue presuntamente utilizado por el exsecretario de Administración, César Zílio, para la compra de un terreno valorado en R$ 13 millones en la Avenida Beira Rio.
Dijo que César Zílio recomendó a la empresa Consignum para ayudar a pagar los gastos de la campaña electoral, a cambio de sobornos.
Según Silval, tras autorizar la recepción de los sobornos, se estableció que la empresa pagaría entre 400 y 450 reales mensuales, de los cuales César le entregaría a Silval entre 200 y 240 reales mensuales, la mayoría en efectivo.
El miembro del PMDB dijo que recibió esos pagos durante aproximadamente 30 meses y que los responsables de administrar los sobornos fueron los ex secretarios César Zílio y Pedro Elias, ambos convertidos en informantes.
Relató que, entre finales de 2013 y principios de 2014, José Geraldo Riva, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, contactó a Silval con la intención de reemplazar la empresa Consignum por Zethra Gestão de Benefícios Consignados, que estaría dispuesta a pagar un soborno de un millón de reales mensuales. Al aceptar el aumento del monto del soborno, Silval Barbosa supuestamente inició el proceso de licitación para la contratación de Zethra, pero la empresa Consignum obtuvo una medida cautelar que suspendió el proceso.
Silval declaró que en 2014, mientras se encontraba en casa de su hermano Antonio Barbosa, el empresario Valdinei Mauro de Souza llegó acompañado de Mischur. En ese momento, el exgobernador declaró haberle ordenado a Mischur que abordara el asunto directamente con Riva.
“Posteriormente, se enteró de que José Riva había acordado con Willians Paulo Mischur y Pedro Elias Domingos de Melo un pago mensual de 250 para él, el cual se realizó en 2014”.
Silval también confirmó que se reunió con Willians en 2011 en el Palacio Paiaguás, así como con César Zílio, para demostrarle que tenía conocimiento del acuerdo sobre los sobornos que había recibido. En esa ocasión, también confirmó que Paulo Mischur, de Willians, acudió a su domicilio, acompañado de Pedro Elias, para demostrarle que, a partir de entonces, Pedro Elias sería responsable de gestionar la recepción de los sobornos, esto en 2013 o 2014.
También fue mencionado el derrocado alcalde de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB). Silval dijo que, en 2012, conspiró con César Zílio para recibir sobornos de la industria gráfica en nombre de Walace.
Según él, se acordó que Walace "sólo realizaría parte de los servicios contratados y, a cambio, pasaría sobornos a César Zílio y utilizaría parte de esos recursos en la campaña electoral para la alcaldía de Várzea Grande en 2012".
Respecto a la empresa Webtech Softwares e Serviços, afirmó que en el momento de los hechos desconocía que la empresa estuviera pagando sobornos a los secretarios, pero que posteriormente se enteró de que Pedro Elias había transferido parte de los sobornos pagados por la empresa a su hijo, Rodrigo Barbosa.
Silval detalla la organización
Aún en su confesión, según Selma Arruda, Silval detalló el papel de cada miembro de la organización criminal.
Según Silval, su ex asesor Sílvio Araújo era alguien de su confianza, a quien conoció cuando vivía en Matupá, y que es su empleado desde 2003.
Dijo que se trata de una persona de su plena confianza y que recibió diversas misiones en beneficio de la organización criminal, como cobrar sobornos, pagar deudas, realizar transacciones con ciertos operadores financieros, reunirse con empresarios y controlar el pago de sobornos, ya que a menudo no podía controlarlo todo, siendo Silvio su mano derecha tanto en asuntos legales como ilegales.
El papel estratégico de Pedro Nadaf era acercarse a empresarios para recaudar fondos para gastos políticos y de campaña, "ya que muchas veces era necesario pagar sobornos para mantener la gobernabilidad en Mato Grosso".
Relató que Pedro Nadaf asumió el rol de Eder Moraes, pero incluso antes, ya operaban en la obtención de sobornos en el SICME a cambio de otorgar incentivos y créditos fiscales a empresas con sede en el Estado. A partir de 2013, mientras dirigía la Casa Civil, Pedro también actuó como intermediario entre los secretarios, además de gestionar el pago de las deudas contraídas por el grupo criminal y mantener contacto con operadores financieros.
El fiscal retirado Chico Lima, a su vez, era subordinado de Nadaf y, según Silval, "era responsable de emitir opiniones en casos que involucraban intereses gubernamentales ilícitos, y también recibía sobornos en algunos casos".
Silval afirmó que César Zílio era responsable de la contabilidad tanto de la campaña del gobernador Blairo como de su propio gobierno, y actuaba como enlace entre los empresarios y el gobierno.
Era alguien de su confianza y trabajaba en la Secretaría de Administración, con la función de cobrar sobornos a empresarios que tenían contactos con el gobierno. César le pasaba los sobornos al acusado Silval, quien los utilizaba para pagar deudas de campaña.
El extitular de la Secretaría de Administración, Pedro Elias, "tenía la función de cobrar sobornos a empresas que tenían contratos con el gobierno, y en algunos casos, pasaba esos valores a su hijo Rodrigo Barbosa y otras veces a Sílvio César", según el exgobernador.
Investigado en la 5ª fase de la Operación Sodoma, el ex secretario de Infraestructura Valdísio Viriato, según Silval, "era responsable de cobrar sobornos en la secretaría a empresas constructoras que tenían tratos con el Estado de Mato Grosso".
"Valdísio pasaba los fondos recaudados a Silval, Silvio o Pedro Nadaf."
Silval también implicó al exsecretario de Planificación Arnaldo Alves, objetivo de la cuarta fase de la operación. Según el político, Arnaldo actuó en situaciones donde era necesario asignar recursos presupuestarios, como complementos presupuestarios, "para favorecer los intereses criminales de la organización".
En el caso de las expropiaciones, informó que, cuando fue necesario complementar el presupuesto para los pagos, Arnaldo tenía conocimiento de que estas tenían fines ilícitos. Además, a instancias del acusado Silval, Arnaldo presuntamente participó en un proceso de licitación con una empresa específica con el fin de recibir sobornos, también destinados a saldar deudas de campaña.
Aún en prisión, el exsecretario Marcel de Cursi fue responsable de redactar leyes y decretos que favorecían los intereses del grupo criminal. Silval declaró que Cursi "también realizó pagos a través de la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefaz) para presupuestos suplementarios elaborados por la Secretaría de Planificación (SEPLAN), como las expropiaciones de 2014, con el objetivo de recibir sobornos para el grupo".
“Marcel también fue responsable de implementar el goce de beneficios fiscales otorgados de forma espuria por el SICME y de otorgar un tratamiento fiscal diferenciado a algunos empresarios, a petición de Silval Barbosa”.
Según el exgobernador, el denunciante y expresidente de Intermat, Afonso Dalberto, estuvo involucrado en tres procesos de expropiación ilícita. "Además, como ordenador de gastos, realizó pagos relacionados con estas expropiaciones, todo para beneficiar a la organización criminal".
Silval también implicó en su confesión a su exabogado y exsecretario de Administración, Francisco Faiad. Faiad fue arrestado durante la quinta fase del operativo, pero fue liberado poco después.
Silval informa que, durante la campaña de 2012, cuando Francisco Faiad era candidato a vicealcalde por Lúdio Cabral, recibió ayuda financiera y una donación de combustible por un total de R$ 600.000,00, fruto de la malversación de fondos públicos, y afirma que Francisco Faiad tenía pleno conocimiento del origen ilícito de dicha donación, al igual que el propio Lúdio.
También se mencionó al doctor Rodrigo Barbosa, hijo de Silval. Según el exgobernador, Rodrigo "recibió sobornos de algunas empresas que tenían contratos con el gobierno a través de Pedro Elias Domingos de Mello".