Fachin intenta conseguir dos votos en la Corte Suprema para aprobar código de ética.
Presidente de la Corte busca apoyo interno tras crisis institucional desatada por caso Banco Master.
247 - El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, reanudó sus actividades durante el receso del Poder Judicial para intentar contener el daño institucional causado por las investigaciones de fraude que involucraron al Banco Master. Ante la crisis, el magistrado comenzó a buscar apoyo interno para la aprobación de un código de ética que establece parámetros de conducta más claros para los miembros del Tribunal.
La medida fue revelada en un informe de Estadão, que señala que Fachin ha adoptado una estrategia de diálogo directo con sus colegas, evitando confrontaciones públicas. Según fuentes del tribunal, el presidente del Supremo Tribunal Federal optó por no cuestionar abiertamente la gestión del caso por parte de otros ministros y comenzó a defender la necesidad de nuevas normas éticas como respuesta institucional a la crisis.
Durante las últimas dos semanas, Fachin se ha comunicado individualmente con los ministros para tratar el tema. Justificó el regreso anticipado del receso afirmando que el momento exige una acción inmediata. Según informes internos, el presidente ya ha conseguido cinco de los diez votos posibles en el plenario: además de él, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, André Mendonça y Luiz Fux estarían de acuerdo con la propuesta.
Por otro lado, Fachin cree que Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes no apoyarían la iniciativa. Las posturas de Flávio Dino y Cristiano Zanin aún no están definidas, lo que llevó al presidente del STF a priorizar las conversaciones con ambos. El martes (20), Fachin viajó a São Luís, en Maranhão, donde Dino se encontraba descansando con su familia, para tratar el asunto personalmente.
Entre las alternativas que se barajan para votar el código de ética se encuentra la celebración de una sesión en el pleno del Tribunal Supremo, transmitida por TV Justiça. Esta estrategia difiere del estándar adoptado para las decisiones administrativas, que normalmente se toman en sesiones abiertas, pero fuera del pleno y sin cobertura televisiva. Otra posibilidad sería una sesión virtual, sin debate público entre los magistrados. Sin embargo, llevar el asunto al pleno podría revelar qué magistrados se oponen a la propuesta, lo que, según sus partidarios, aumentaría la presión para su aprobación.
Se espera que el texto del código se redacte antes de cualquier deliberación formal. Por lo tanto, no se espera que la votación tenga lugar inmediatamente después del fin del receso en febrero. La idea es concluir las negociaciones internas antes de presentar la propuesta a la junta.
Según los miembros del tribunal, el proyecto de texto debería inspirarse en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Nación (Loman), con la inclusión de disposiciones específicas para el Supremo Tribunal Federal (STF). Entre los puntos con mayor probabilidad de obtener la mayoría se encuentran la prohibición de que los ministros participen en conferencias o eventos patrocinados por empresas con intereses en los casos ante el Tribunal y la prohibición de recibir cualquier tipo de beneficio de estas empresas, incluyendo viajes en aviones privados.
Sin embargo, es improbable que avance uno de los puntos considerados más sensibles: la prohibición de que familiares o cónyuges de ministros actúen en casos ante la Corte Suprema. Este punto cobró relevancia tras informes que mostraron un aumento en la participación de familiares de magistrados en tribunales superiores.
Según reveló Estadão, la abogada Roberta Maria Rangel, exesposa de Dias Toffoli, amplió significativamente su cartera de clientes tras el nombramiento del ministro al Tribunal Supremo en 2009. El número de casos que atendió en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia (STJ) aumentó de 53 a 127, un crecimiento de aproximadamente el 140 %. Una situación similar se observó con Viviane Barci de Moraes, esposa del ministro Alexandre de Moraes, cuyo volumen de casos en los tribunales superiores aumentó de 27 a 152 tras la llegada de su esposo al Tribunal Supremo.
La conducta de Toffoli y Alexandre de Moraes también fue objeto de escrutinio público en el contexto del caso Banco Master. En el caso de Moraes, se reveló información sobre un contrato entre la institución financiera y el bufete de abogados de su familia, que preveía la defensa de los intereses del banco y de su controlador ante el Banco Central, la Secretaría de Hacienda y el Congreso Nacional. El acuerdo estipulaba un pago mensual de R$ 3,6 millones durante tres años.
Como relator, Toffoli tomó decisiones que generaron críticas en el ámbito jurídico. Ordenó que las investigaciones del Banco Master se remitieran al Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó un careo entre Vorcaro y un director del Banco Central —responsable de la liquidación de la institución— y presentó con antelación preguntas a los testigos. El careo finalmente no se llevó a cabo. En otro momento, Toffoli ordenó el sellado del material incautado por la Policía Federal para decidir posteriormente sobre el análisis forense, pero posteriormente revisó la decisión, autorizando la labor del Ministerio Público Federal y el acceso de los peritos de la Policía Federal.
El ministro también criticó a la Policía Federal por su inercia al ejecutar una orden de arresto dentro del plazo de 24 horas que había establecido. Además, existen interrogantes sobre negocios entre familiares de Toffoli y fondos vinculados al Banco Master, incluyendo la transferencia de una participación multimillonaria en un resort en Paraná a un fondo de Reag Investimentos, que está siendo investigado por vínculos con la institución financiera.


