El gobierno comienza a incumplir contratos. Funai es la primera víctima.
El pastor Damares Alves, ministro de Derechos Humanos durante el gobierno de Jair Bolsonaro, suspendió, a instancias del presidente, un contrato entre la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y la Universidad Federal Fluminense mediante procedimientos ilegales; el proyecto, con un presupuesto de R$ 44,9 millones, abarcaba una serie de acciones técnicas como la creación de una criptomoneda indígena; la FUNAI impugna la legalidad del procedimiento legal que anuló el contrato, alegando subjetividad y falta de conocimiento técnico básico de los protocolos regulatorios.
247 El pastor Damares Alves, ministro de Derechos Humanos durante la presidencia de Jair Bolsonaro, suspendió, a instancias del presidente, un contrato entre la Funai (Fundación Nacional del Indio) y la Universidad Federal Fluminense mediante prácticas irregulares. El proyecto, con un presupuesto de 44,9 millones de reales, comprendía diversas acciones técnicas, entre ellas la creación de una criptomoneda autóctona. La Funai impugna la legalidad del proceso judicial que anuló el contrato, alegando subjetividad y desconocimiento de los protocolos regulatorios básicos.
El reportaje del periódico Folha de S. Paulo aspectos destacados: "unFirmada el 28 de diciembre, la asociación se formalizó mediante un TED (Acuerdo de Ejecución Descentralizada), un tipo de contratación directa entre dos entidades federales que no requiere licitación ni competencia. Su objetivo era ejecutar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Fundación Nacional India. En su análisis, fechado el 27 de diciembre, el fiscal jefe de la Fiscalía Especializada de la Funai, Álvaro Chagas Castelo Branco, expuso el problema central del contrato."Parece que las opiniones técnicas ni de la Fundación Nacional Indígena (organismo descentralizador) ni de la Universidad Federal Fluminense (organismo descentralizado) están incluidas en el expediente", escribe en su decisión.
El artículo añade: "Tras esto, el fiscal jefe recomienda recabar estos documentos como requisito previo para formalizar el acuerdo". Al día siguiente, la Dirección de Protección Territorial (DPT) de Funai envió un despacho a la presidencia de la entidad en el que afirmaba que "desde el principio del proceso (...) se ha opuesto a la propuesta de TED, puesto que no contemplaba sus acciones prioritarias".
Finalmente, la confusión y el festival de declaraciones contradictorias continúa: "cCitando la opinión del Fiscal General, la DPT aclara que "no se nos solicitó el análisis técnico mencionado en el TED, en relación con la ejecución de actividades/acciones vinculadas a esta dirección". Aun así, el contrato se firmó.