Hace dos años, el Senado hizo un impeachment a Dilma: se entregó el petróleo y se desmantelaron los derechos sociales.
Hace exactamente dos años, el 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño aprobó el impeachment de Dilma Rousseff, la primera mujer elegida presidenta de la República, bajo el supuesto de "irresponsabilidad fiscal", allanando el camino para que Michel Temer llegara al poder e iniciara la venta de bienes y riquezas nacionales, así como la pérdida de derechos históricos para los trabajadores y la población; sin embargo, el golpe parlamentario comenzó dos años antes, con el sabotaje llevado a cabo por el Congreso, en el que el PSDB jugó un papel fundamental en la crisis resultante que sumió al país en el caos y la inestabilidad social, política y económica.
Paulo Emílio, Brasil 247 - Hace exactamente dos años, el 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño aprobó el impeachment de Dilma Rousseff, la primera mujer electa presidenta de la República, bajo el supuesto de "irresponsabilidad fiscal", allanando el camino para que Michel Temer llegara al poder e iniciara la venta de los bienes y la riqueza nacional, así como la pérdida de derechos históricos para los trabajadores y la población.
Sin embargo, el golpe parlamentario comenzó dos años antes, con un sabotaje perpetrado por el Congreso, donde el papel del partido PSDB fue fundamental. Sumieron al país en el caos bloqueando sistemáticamente proyectos y paralizando la agenda para justificar una supuesta ingobernabilidad y, mediante este caos, derrocar a un presidente elegido democráticamente por voto popular.
El resultado fue inmediato. En tan solo dos años, la capa petrolera del presal, que podría haber generado una ganancia estimada de hasta 10 billones de dólares estadounidenses —según cálculos de Paulo Metri, asesor de la Federación Brasileña de Asociaciones de Ingeniería (Febrae) y empleado de la Comisión Nacional de Ingeniería Nuclear (CNEN)—, terminó vendiéndose por una cantidad casi insignificante a multinacionales del sector, como Shell y Total.
Según un anuncio de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), se estima que, para 2054, Brasil recibirá inversiones por R$ 1,8 billones en el sector de petróleo y gas natural, lo que resultará en aproximadamente R$ 6 billones para el gobierno en regalías y participaciones especiales. Sin embargo, este valor está muy por debajo del potencial real debido al precio del barril de petróleo en el mercado internacional y a que este valor se diluirá gradualmente a lo largo de casi medio siglo.
Aunado a esto, en nombre de la lucha contra la corrupción, el país fue testigo del desmantelamiento de las principales constructoras, lo que provocó la paralización de proyectos estructurantes y, en consecuencia, de sectores como la industria naval, lo que terminó dejando a miles de trabajadores sin trabajo. Actualmente, el país registra 12,9 millones de desempleados, mientras que otros 4,8 millones simplemente han dejado de buscar trabajo por falta de oportunidades.
En el primer año después del golpe, el gobierno de Temer –que asumió bajo la promesa de volver a encarrilar el país– registró un magro crecimiento económico: el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil creció solo un 1% en 2017 en comparación con 2016. Se implementó un ajuste fiscal que prevé un gigantesco déficit de hasta R$ 159 mil millones para este año, además de congelar las inversiones públicas por hasta 20 años.
Esta situación provocó el regreso del hambre al país, un problema que hoy afecta a cerca de 13 millones de brasileños y amenaza con volver a colocar a Brasil en el Mapa del Hambre de la ONU, algo que había sido retirado de esa órbita durante los gobiernos de Lula y Dilma.
Con la economía estancada, sin dar señales de retomar el crecimiento visto durante los gobiernos de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff –cuando Brasil pasó del 13º lugar en el ranking mundial de economías medido por el PIB en dólares, según datos del Banco Mundial y del FMI, al sexto lugar en 2011, con un PIB creciendo hasta un 2,5%–, el desmantelamiento se aceleró y justificó la pérdida de derechos laborales.
En nombre del “apalancamiento económico” se impulsó una reforma laboral sin precedentes que suprimió derechos históricos de los trabajadores, incluso dándole mayor peso a los acuerdos entre patrones y trabajadores que la legislación contenida en la Consolidación de Leyes del Trabajo, lo que incrementó la informalidad y la precariedad laboral.
En el ámbito político, el golpe de Estado condujo rápidamente al arresto del expresidente Lula bajo la acusación, sin pruebas, de haber obtenido ventajas indebidas de empresas constructoras. La reacción internacional fue inmediata, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, del cual Brasil es signatario, emitió una resolución que garantiza al expresidente el derecho a presentarse a las elecciones de octubre.
Se espera que Dilma, quien a pesar del impeachment conservó sus derechos políticos, regrese a la vida política. Candidata al Senado por el PT en Minas Gerais, lidera las encuestas, al igual que Lula es el candidato predilecto para regresar a la presidencia.
La crisis económica y la pérdida de derechos no hacen más que reforzar la certeza de que el golpe de Estado contra Dilma en 2016 tenía como verdadero objetivo el desmantelamiento del Estado brasileño y la entrega de sus activos a corporaciones multinacionales, además de servir a intereses internacionales. Sin embargo, las elecciones de octubre son una oportunidad para demostrar que los gobiernos progresistas fueron y son capaces de situar al país y a su gente en un plano más justo e igualitario.