Inteligencia policial y crimen organizado
El combate al crimen organizado requiere operaciones de inteligencia y cooperación entre la Policía Militar y la Policía Federal de Carreteras en las investigaciones.
Datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría del Tesoro Nacional muestran que el gasto del gobierno federal en seguridad pública totalizó R$ 9 mil millones en 2010. Al sumarse al gasto de los estados, el total alcanzó R$ 47 mil millones en ese período.
Pero episodios como los de São Paulo y, recientemente, los de Santa Catarina sugieren que enfrentar la creciente violencia requiere más que simplemente garantizar recursos. El Estado brasileño necesita revisar su estrategia general para combatir la delincuencia.
Es bien sabido que la cooperación ha evolucionado entre grupos que operan en diferentes nichos delictivos y en distintas regiones de Brasil. Su poder también ha crecido gracias al rápido desarrollo de nuevas tecnologías y la explotación de diversas actividades ilícitas, como la biopiratería, el tráfico de órganos y la falsificación de productos industriales.
La expansión del crimen organizado ejerce una fuerte presión sobre los sistemas nacionales de seguridad pública. La creación de un sistema de inteligencia policial en red forma parte de la solución a este problema. En este caso, el trabajo de inteligencia no es exclusivo de las agencias policiales especializadas, sino que se distribuye por todo el sistema de justicia penal.
Este enfoque tomó forma después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y se extendió no sólo entre las naciones directamente afectadas por amenazas terroristas, sino también en países que coexisten con organizaciones criminales.
La delincuencia organizada es compleja e involucra actividades que se llevan a cabo en diferentes jurisdicciones. Se requiere una capacidad tecnológica significativa y conocimientos especializados para detectar y reprimir las actividades de los grupos que la perpetran.
El éxito de la acción dependerá de la capacidad de los agentes estatales para reducir los conflictos entre instituciones que operan en diferentes niveles y con diversas competencias.
La policía militar realiza la mayoría de las detenciones en flagrancia. Sin embargo, se necesita nueva legislación para garantizar una mayor participación de las fuerzas policiales uniformadas (Policía Militar y Policía Federal de Carreteras) en actividades de inteligencia. Estas tareas, a pesar de ser continuas y fundamentales, actualmente carecen de protección legal y requieren una regulación constitucional.
Una buena solución sería reformar el artículo 144, con el objetivo de permitir a los policías uniformados cooperar con las policías judiciales (Civil y Federal) en sus investigaciones, además de las que realiza el Ministerio Público.
La regulación constitucional de esta materia no sólo pretende proteger a los funcionarios policiales involucrados en actividades de inteligencia, sino que también tiene como objetivo primordial garantizar que el Ministerio Público cuente con los medios para ejercer el control externo sobre las fuerzas policiales que tendrán la prerrogativa legal de realizar actividades de inteligencia.
El aspecto positivo de esta regulación es su potencial para eliminar los conflictos corporativistas que existen actualmente entre las agencias policiales y establecer una lógica de cooperación en beneficio de la seguridad pública. Corresponde al Poder Legislativo subsanar el vacío legal existente.
La experiencia externa demuestra que no hay mejor momento para combatir el crimen organizado que en sus etapas iniciales. Posteriormente, el costo de las intervenciones aumenta exponencialmente. Esta dinámica afecta directamente la estabilidad política de varios países latinoamericanos.