Lindbergh Farias defiende el proyecto de ley contra las pandillas para endurecer la lucha contra ellas.
Un diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) afirma que el proyecto de ley refuerza las investigaciones, el control de activos y las medidas dentro del sistema penitenciario.
247 - «El proyecto atenta contra el núcleo duro de las estructuras criminales al permitir, con autorización judicial, el acceso a datos bancarios, geolocalización, conexiones digitales e historiales de pago en plataformas digitales y fintech», declaró el diputado federal Lindbergh Farias (PT) en una publicación en redes sociales este domingo (2), al comentar el Proyecto de Ley Antifacciones. «Crea el Banco Nacional de Facciones Criminales, refuerza el uso de técnicas como la infiltración de policías y colaboradores, e impone plazos estrictos al Poder Judicial y a la Fiscalía para garantizar la celeridad, con respeto al debido proceso legal».
El Proyecto de Ley Antifacciones, actualmente en trámite en el Congreso Nacional, propone una reforma estructural en la lucha contra el crimen organizado. La iniciativa modifica la Ley 12.850/2013 y otros marcos legales, tipificando a las facciones criminales como una forma calificada de organización criminal, con penas que oscilan entre los 8 y los 15 años de prisión.
Lindbergh Farias también destacó que la propuesta “permite el decomiso de bienes utilizados como instrumentos del delito, incluso si fueron obtenidos legalmente, y la intervención judicial en empresas utilizadas como fachada”. El congresista añadió que el proyecto de ley “prohíbe a quienes sean condenados por pertenecer a una facción o milicia contratar con el sector público o recibir incentivos durante un período de hasta 14 años”.
Respecto al sistema penitenciario, enfatizó que el proyecto "autoriza el monitoreo audiovisual de las visitas, incluidas las de abogados sospechosos de colusión, con supervisión judicial y comunicación a la OAB (Oficina de Abogados de Brasil)". Según el legislador, se trata de una propuesta que combina represión calificada, protección institucional e inteligencia jurídica contra el crimen organizado, ofreciendo al Estado herramientas más robustas para desmantelar estas organizaciones.