Medios se unen contra juez que autoriza investigaciones.
¿A quién le beneficia que los fiscales tengan autonomía sobre el Tribunal Electoral para investigar a los candidatos?; la norma del TSE, que requiere la aprobación de un juez para que el Ministerio Público abra investigaciones contra candidatos y a la que se oponen los medios tradicionales, es propia de una democracia; la figura del alguacil actuando en paralelo no existe en el país; la aprobación judicial da sustancia y credibilidad a la actuación del Ministerio Público; sin autorización de al menos un juez, por el contrario, los fiscales podrían crear hechos políticos sobre la elección que no tendrían respaldo legal previo, pero que podrían causar daño entre los candidatos escogidos a dedo; convencer a un juez de la necesidad de una investigación no ralentiza el trabajo; hay un magistrado de turno; el filtro garantiza los derechos individuales
247 - La calidad de una idea se mide por el número de detractores que inspira. En editoriales, artículos y columnistas políticos, los medios tradicionales y familiares están forjando un nuevo consenso dentro de su red de periódicos, revistas y televisión.
La decisión del TSE (Tribunal Superior Electoral), tomada por iniciativa del ministro José Dias Toffoli, de establecer la necesidad de la aprobación de un juez electoral para la apertura de procedimientos de investigación por parte del Ministerio Público durante el período electoral, está siendo impugnada. La Fiscalía General de la República ya ha anunciado que recurrirá ante el propio TSE y, en caso de perder, ante el STF (Supremo Tribunal Federal) para garantizar la autonomía del Ministerio Público para iniciar procedimientos durante las elecciones sin escrutinio judicial.
Se argumenta en medios como O Globo y Veja.com —y otros seguirán pronto esta línea de pensamiento unificada— que la firma de un juez antes de que el Ministerio Público entre en acción generaría burocracia y obstaculizaría la necesaria agilidad de las investigaciones durante el período electoral. La medida del TSE ya se compara con la reactivación de la PEC 37, que habría despojado de prerrogativas al Ministerio Público y fue archivada por el Congreso tras las manifestaciones populares de junio del año pasado por falta de apoyo.
La exageración de la comparación es evidente. Lo que el TSE (Tribunal Superior Electoral) ha restablecido, mediante votación plenaria, es el llamado Estado de derecho. Es beneficioso no solo para los candidatos, sino especialmente para la ciudadanía, que las elecciones sean regidas, en todos sus aspectos, por el Tribunal Electoral. Sin excepción. Sería un verdadero privilegio otorgar al Ministerio Público la facultad de actuar sin las limitaciones del organismo que organiza las elecciones. Con esta autonomía, los fiscales tendrían la facultad de crear eventos políticos cotidianos, dirigiendo sus ataques con fuerte repercusión mediática contra los candidatos sin necesidad de justificar sus acciones ante el juez electoral.
La medida del TSE no impide que el Ministerio Público investigue a cualquier candidato. Solo exige que, para que el procedimiento se lleve a cabo, se consulte previamente a un juez electoral.
Al igual que los Tribunales Laborales, los Tribunales Electorales también gozan de gran prestigio público. Con el respaldo de un juez, en lugar de demorarse, las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público cobran fuerza y sustancia. Esto se debe precisamente a que han pasado por un filtro independiente antes de su apertura, ampliando el circuito tradicional que comienza con la actuación del Ministerio Público y llega inmediatamente a los medios de comunicación, obteniendo únicamente escrutinio judicial durante su transcurso. En un año electoral, este procedimiento sumario para la apertura de investigaciones tiene un gran potencial de afectar a algunos candidatos y eludir a otros, según las preferencias exclusivas de los fiscales.
Con la participación de un juez desde el inicio del proceso, el procedimiento gana apoyo y mayor autoridad desde el principio. El argumento de que se compromete la celeridad necesaria para las investigaciones durante los períodos electorales es insostenible, ya que siempre hay un juez electoral de turno en todo el país. Lo que se necesita es convencerlos de que existen motivos genuinos para una investigación, y no solo un deseo personal de probar una irregularidad.
El proceso electoral sin duda gana en imparcialidad con la participación del Tribunal Electoral en todos sus matices, sin excepción.