Los 'cables judiciales' y la campaña sucia
El periodista Fernando Brito, de Tijolaço, critica la acusación del Ministerio Público de São Paulo contra el candidato a vicepresidente de Lula, Fernando Haddad: "El asunto es del año pasado, pero fue debidamente 'resucitado' por razones obvias y sin más pruebas que las acusaciones de un tipo —Ricardo Pessoa, de UTC— que se dejó languidecer en la cárcel de Moro hasta que dijera lo que querían oír", afirma.
Por Fernando Brito, de ladrillo - El periódico Estadão titula viejas acusaciones contra Fernando Haddad.
Se trata de la movilización de una nueva versión de los viejos “trabajadores de campaña electoral”, ahora en el sistema judicial.
El Ministerio Público "presenta una acción judicial" contra él, aunque no especifica cómo Haddad supuestamente benefició a una constructora al hacerle pagar los servicios de impresión de su campaña, ya que él mismo, siendo alcalde, excluyó a la empresa de los contratos públicos firmados por su antecesor, Gilberto Kassab, para la construcción del túnel llamado "Roberto Marinho".
El tema es del año pasado, pero fue debidamente "resucitado", por razones obvias y sin más pruebas que las acusaciones de un tipo -Ricardo Pessoa, de UTC- que fue dejado languidecer en la cárcel de Moro hasta que dijera lo que querían oír.
El resto depende de los medios de comunicación, como se puede ver en el espacio dedicado en la portada de Estão a la denuncia formal y oportuna del caso que involucra a Roberto Jefferson, aliado muy cercano de Geraldo Alckmin.
Es evidente que muchas cosas prosperarán en el Poder Judicial, que se ha convertido en gran medida en una maquinaria partidista, al igual que los medios de comunicación.
¿Quién es el candidato que no podría estar más lejos de respetar el Estado de derecho y las leyes?
Promete balas a granel y recomienda que los niños aprendan a disparar.
Y se presta a campañas ridículas como ésta, criminalizando a los llamados "influencers digitales" a partir de una denuncia que ni siquiera menciona el uso de dinero para promover candidaturas.
Del otro lado estaban los que usaban bots, noticias falsas y estafas digitales (cientos de ellos), pero esos tipos, por supuesto, sólo estaban "enamorados".
No crean ni por un momento que esto afecta a las funciones constitucionales del Ministerio Público.
Se trata de una campaña real, que esta vez utiliza “influencers judiciales”, que reciben pagos –y generosamente– con dinero público.