El experto que apoyó el golpe ahora se avergüenza de la sumisión de Temer.
El jurista y ex ministro de Justicia Miguel Reale Junior, que avaló el documento legal utilizado para legitimar el golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff, ahora dice avergonzarse del decreto de Michel Temer que facilita el trabajo esclavo en Brasil; "Esas medidas agradaron al sector rural, pero avergüenzan al país", dijo en un artículo este sábado.
247 - En un artículo publicado este sábado, el jurista y ex ministro de Justicia Miguel Reale Junior critica duramente el decreto de Michel Temer que flexibiliza la definición y fiscalización del trabajo esclavo en Brasil.
Reale, un defensor del golpe que llevó a Temer al poder, ahora dice que el decreto es una vergüenza para el país.
A continuación se presentan algunos extractos del texto:
Para dilucidar el contenido de la reciente Ordenanza 1.129/17 del Ministerio de Trabajo y demostrar la indulgencia con la explotación de los trabajadores, satisfaciendo a la bancada rural –que votó a favor de Temer–, es necesario considerar dos textos: el del Código Penal y el de la ordenanza.
(...)
La injusticia e inconstitucionalidad de la ordenanza se hacen evidentes tras un breve análisis de sus términos a la luz del Código Penal. Se observa que la definición de trabajo forzoso exige que se realice sin el consentimiento del empleado, lo que implica aceptar el trabajo forzoso consentido como algo normal.
De hecho, la lucha contra el trabajo esclavo comenzó en 1995 a través del Grupo Ejecutivo para la Represión del Trabajo Forzoso (Gertraf) y el Grupo Especial de Inspección Móvil (GEFM), que, gracias a sus acciones hasta 2003, liberaron a más de 45 personas. En 2003, la Gertraf fue sustituida por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Conatrae).
Se realizó un esfuerzo conjunto, con la participación de la Fiscalía del Trabajo, la Policía Federal, el Ministerio de Trabajo y Conatrae, para liberar y rehabilitar a los trabajadores esclavizados. Durante mi etapa en el Ministerio de Justicia, mantuve un fructífero entendimiento con el entonces ministro de Trabajo, Pedro Jobim, para una acción conjunta de los grupos (Gertraf y GEFM) con la Policía Federal.
Además, el decreto eliminó la autonomía del organismo técnico al someter la tipificación de la infracción y la inscripción del empleador esclavista en el registro de malos empleadores a la decisión política del Ministro de Trabajo. Estas medidas agradaron al lobby rural, pero avergonzaron al país.