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Planalto evalúa la reacción después de que Motta eligiera a Derrite para informar sobre el proyecto de ley antifacción.

El gobierno considera suspender las enmiendas después de que Motta nombrara a Derrite para que informara sobre el proyecto de ley que equipara las facciones con el terrorismo.

Guilherme Derrite, en su cargo de Secretario de Seguridad Pública de São Paulo, durante una sesión de audiencia pública en la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado, en la Cámara de Diputados - Brasilia-DF - 28/10/2025 (Foto: Pablo Valadares/Cámara de Diputados)

247 - El Palacio de Planalto está estudiando medidas políticas y financieras en respuesta a la decisión del diputado Hugo Motta (Republicanos-PB) de designar a Guilherme Derrite (PL) para que elabore el informe sobre el proyecto de ley de lucha contra las facciones criminales. Entre las alternativas que se barajan, según la columna de Andréia Sadi en g1, se encuentra el bloqueo temporal de los pagos para las enmiendas parlamentarias. 

Derrite, secretario de Seguridad Pública de São Paulo, del gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos), fue elegido por Motta para informar sobre el texto que equipara el crimen organizado con el terrorismo. El gesto del presidente de la Cámara de Representantes se interpretó en el Palacio de Planalto como una cesión de una agenda estratégica a la oposición, en un momento en que el gobierno busca consolidar su influencia en el Congreso.

Tensión entre el gobierno y el bloque centrista

La designación de Derrite es vista por los asesores del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como una maniobra política de Motta para acercarse a sectores de la derecha. El diputado busca ampliar su base de apoyo con miras a la reelección como presidente de la Cámara de Diputados en 2026, al tiempo que intenta mantener buenas relaciones con el gobierno para fortalecer la candidatura de su padre, Nabor Wanderley, al Senado por Paraíba.

Derrite y el discurso de la derecha.

Tan pronto como retomó su mandato en la Cámara, Derrite presentó un proyecto de ley sustitutivo que propone clasificar a las organizaciones criminales como grupos terroristas. La propuesta se alinea con el discurso de gobernadores de derecha, como Cláudio Castro (PL), de Río de Janeiro, quienes abogan por leyes más severas tras la megaoperación en los complejos Alemão y Penha contra el Comando Vermelho.

Estrategia política y reacción desde el Palacio Presidencial

Según fuentes del palacio presidencial, esta medida se produce tras una serie de victorias del gobierno en el Congreso, como la aprobación de la ampliación del tramo de exención del impuesto sobre la renta, una de las promesas de campaña de Lula. La evaluación interna indica que Motta busca reequilibrar la situación, ofreciendo una agenda más popular a la oposición en un momento en que la agenda de la derecha se debilita, tras haber perdido fuerza con el declive de sus políticas de apoyo al golpe de Estado.

Disputa sobre el papel de liderazgo en seguridad.

La seguridad pública es una de las principales preocupaciones del electorado, según una encuesta de Quaest, y se ha convertido en uno de los temas más controvertidos entre el Palacio de Planalto y los gobernadores de derecha. Con Derrite al frente del caso, el gobierno teme perder terreno frente a discursos que asocian penas más severas con efectividad política, especialmente ante las aspiraciones nacionales del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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