Sakamoto: El “activismo” pro-empresarial pone en peligro las inspecciones laborales bajo el gobierno de Bolsonaro.

247 Al nombrar al juez federal Sérgio Moro como sheriff, Jair Bolsonaro afirma que su gobierno reforzará la supervisión anticorrupción. Al mismo tiempo, ha criticado la fiscalización tanto de los delitos ambientales como de aquellos que identifican violaciones de los derechos laborales, una demanda de los empresarios que apoyaron su campaña, escribe el periodista Leonardo Sakamoto.

Durante el período electoral, el presidente electo defendió la necesidad de combatir el activismo. La mayoría de las veces que usó este término, no se refería a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, sino a lo que él considera una militancia de sectores de la función pública a favor de ciertas agendas, lo que, en su opinión, causaría problemas al sector productivo —añade—. Por ejemplo, el absurdo de que los inspectores del IBAMA multaran a quienes deforestaban sin autorización y más allá del límite permitido. O la indignante situación de los inspectores de trabajo rescatando a personas esclavizadas. O las inimaginables acciones de la FUNAI en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, muchos de los cuales viven en la pobreza, a sus territorios.

El periodista enfatiza que, «con la pérdida del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios en la pugna de poder con el nuevo zar económico, Paulo Guedes, las organizaciones sectoriales que quedaron huérfanas solicitaron al equipo de Bolsonaro la entrega del Ministerio de Trabajo, convertido en el Ministerio de Producción, Trabajo y Comercio». «Entregar la dirección de la inspección laboral a un ministerio con esta parcialidad será el réquiem por los derechos laborales en Brasil».

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