Silvio Almeida critica la posibilidad de privatizar las cárceles
Para el Ministro de Derechos Humanos, la propuesta abre espacio “para la infiltración del crimen organizado”
Por Alex Rodrigues - Reportero de Agência Brasil - Brasilia
El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, criticó la posibilidad de privatizar las cárceles y los centros socioeducativos. Afirmó que la medida, además de ser inconstitucional, abre más espacio para la infiltración del crimen organizado en el sector público.
“Creo que la privatización, ya sea de las cárceles o del sistema socioeducativo, abre espacio para la infiltración del crimen organizado […] para que el crimen organizado tenga otro pedacito del Estado brasileño”, dijo el ministro durante un desayuno con periodistas, en Brasilia, este viernes (2).
Según 86 organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la concesión de la gestión de prisiones y centros socioeducativos al sector privado, en septiembre de 2023 había más de 30 prisiones en Brasil gestionadas por grupos privados. Muchos otros proyectos de privatización estaban en marcha, como la cárcel de Erechim, en Rio Grande do Sul, que fue subastada por el gobierno estatal en octubre del año pasado con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Sistema penitenciario - El apoyo del banco estatal a la negociación fue posible gracias a la publicación, en abril del año pasado, del Decreto nº 11.498. Firmado por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el decreto incluyó proyectos dirigidos al sistema penitenciario y otros sectores (seguridad pública, salud, educación, etc.) como elegibles para incentivos fiscales.
En septiembre, 86 entidades de la sociedad civil y organismos públicos opuestos a la medida publicaron un nota tecnica en el que argumentan que autorizar a empresas privadas a hacerse cargo de la gestión penitenciaria transformará el sector en un “mercado rentable”, favoreciendo el encarcelamiento masivo.
Los firmantes de la nota – entre ellos el Instituto Brasileño de Ciencias Penales (IBCCrim), la Asociación de Jueces para la Democracia (AJD), la Asociación Nacional de Defensores Públicos (Anadep) y el Centro Especializado en Situaciones Carcelarias (Nesc) de la Defensoría Pública de São Paulo – piden que el gobierno federal reconsidere la oferta de incentivos financieros, a través del BNDES, para la construcción, reforma y gestión de prisiones por parte del sector privado.
Acción inaceptable - Sin mencionar la movilización de entidades y organismos públicos opuestos a la privatización, el ministro Silvio Almeida dijo que considera “inaceptable” la privatización de las unidades penitenciarias y socioeducativas.
"Esto no se puede hacer. Ya conocemos la historia: '¡Ah! Pero es solo [la privatización] de la estructura [de la unidad]'; 'Es solo para construir el edificio'. Sabemos que, en última instancia, esto se convierte en la privatización de la ejecución de las penas, algo que no puede suceder. Y no puede suceder no solo por voluntad política, sino porque es inconstitucional e ilegal", dijo Almeida, asegurando que el asesor legal del ministerio había preparado un dictamen que señalaba la inconstitucionalidad de otorgar unidades penitenciarias y socioeducativas a grupos privados.
“El estudio técnico y el dictamen jurídico están listos hace mucho tiempo y estamos discutiéndolo [el asunto] dentro del gobierno”, dijo el ministro, explicando que aún no ha hablado con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que espera discutir el asunto pronto con él. Nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, juró su cargo este jueves. "Estamos debatiendo esto dentro del gobierno. Primero, a nivel político. Esto no ha funcionado en ningún lado. Abre la puerta a que intereses no públicos interfieran en un ámbito altamente problemático y a que agentes privados ejecuten la sentencia o apliquen la medida socioeducativa", declaró el Ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía.