Globo utiliza el caso de Pasadena para defender la privatización temeraria de Petrobras.
La inusual decisión del Tribunal Federal de Cuentas de Brasil de congelar los activos de la depuesta presidenta Dilma Rousseff en el caso de Pasadena tiene un propósito directamente vinculado con el golpe de Estado de 2016: acelerar la venta forzosa que promueve Pedro Parente, presidente de la empresa estatal. "Ahora es necesario mantener y, si es posible, acelerar el ritmo de privatizaciones de actividades no fundamentales para el futuro de Petrobras", dice el periódico O Globo, propiedad de João Roberto Marinho, en un editorial; en otras palabras: mientras Dilma es castigada por una operación recomendada por un dictamen de Citibank y aprobada por los asesores privados de la empresa estatal, Parente vende todo y realiza transacciones multimillonarias, a precios bajísimos, sin ser molestado.
247 - La inusual decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión de congelar los bienes de la depuesta presidenta Dilma Rousseff en el caso de Pasadena tiene un propósito directamente vinculado al golpe de 2016: acelerar la venta forzosa que promueve Pedro Parente, presidente de la estatal.
"El tribunal ordenó la congelación de los bienes personales de Dilma, los miembros de la junta directiva y los ejecutivos de Petrobras hasta un límite de US$580 millones, con base en el valor estimado de las pérdidas causadas por este desastroso acuerdo", afirma un editorial del periódico O Globo, propiedad de João Roberto Marinho. "Ahora es necesario mantener y, si es posible, acelerar el ritmo de privatizaciones de actividades que no son fundamentales para el futuro de Petrobras. La recuperación de la empresa es fundamental para el país y vital para Río de Janeiro".
En otras palabras: mientras Dilma es castigada por una operación recomendada por un dictamen del Citibank y aprobada por los asesores privados de la estatal, Parente vende todo y hace transacciones multimillonarias, con un presupuesto mínimo, sin que nadie le moleste.
Sin embargo, podría verse envuelto en problemas legales, ya que las medidas cautelares ya han impedido a Petrobras intercambiar activos. Petrobras decidió ceder los yacimientos del presal a la francesa Total y a la estatal noruega Statoil por precios inferiores a los del mercado, según denuncias presentadas por trabajadores petroleros y geólogos.
Lea a continuación la declaración de Dilma sobre el asunto:
Sobre la decisión del TCU respecto a Pasadena
Sobre el juicio de Pasadena por el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión), la asesoría de prensa de la presidenta Dilma aclara:
1. No existe evidencia alguna de irregularidades cometidas por el Consejo de Administración de Petrobras. Esto se debe a que muchos de sus miembros eran empresarios con experiencia en gestión y adquisiciones. Cabe destacar también que ninguno de ellos tenía vínculos políticos con el gobierno.
2. De las actas del propio Consejo de Administración de Petrobras se desprende claramente que la compra del 50% de las acciones de Pasadena se realizó con base en evaluaciones legales y financieras e información considerada sólida y completa. Dos años después, el Consejo fue informado de que dicha información era parcial e incorrecta, transmitida por un director ahora condenado por corrupción.
3. El Ministerio Público Federal emitió un dictamen el 22 de julio de 2014, en el que se indica: "...no es posible imputar la comisión de ningún tipo de delito a los miembros del Consejo de Administración, máxime cuando se acredita que se cumplieron todas las etapas y procedimientos relativos a la realización del negocio".
4. En varias sentencias entre 2014 y 2017, el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) exoneró al Consejo de Administración de Petrobras, presidido por Dilma Rousseff, de responsabilidad por las pérdidas en la compra de Pasadena.
5. La presidenta electa Dilma Rousseff presentará nuevamente el recurso correspondiente para demostrar que no hubo ningún acto ilegal o irregular del que el Consejo tuviera conocimiento en ese momento.