William Nozaki: Lava Jato fue un proyecto para destruir la economía brasileña.

Por William Nozaki, en periódico GGN – La Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014, entra en su cuarto año y está cerca de enfrentar una de sus mayores pruebas el 24 de enero: el juicio en segunda instancia del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Combatir y prevenir la corrupción son desafíos fundamentales para construir una sociedad verdaderamente republicana en Brasil. Sin embargo, los jueces, fiscales y policías involucrados en la Operación Lava Jato no tienen el derecho ni el mandato de presentarse como poseedores de un monopolio moral cuyo supuesto propósito es depurar el Estado y la política del país.

Además, las contradicciones de la Operación surgen de su visión simplista y esquemática del problema de la corrupción. Al tratar el asunto como una mera manifestación del patrimonialismo como una peculiaridad brasileña, no aborda la esencia del problema: la mezcla de intereses públicos y privados no es una singularidad nacional, sino un rasgo de la economía capitalista en su conjunto. Al ignorar este diagnóstico fundamental, los investigadores de Lava Jato tratan un problema sistémico como un problema localizado, es decir, como un problema particular del sector petrolero, buscando deconstruir y distorsionar el papel central de Petrobras en el desarrollo económico brasileño. Como resultado, la Operación resulta ineficiente en tres aspectos: político, económico e incluso ético. Examinemos cada uno de estos puntos.

Desde una perspectiva política, nada justifica el desmantelamiento del Estado y de Petrobras como respuesta a actividades ilegales. Las clasificaciones de Transparencia Internacional y del propio Foro Económico Mundial demuestran que no existe correlación entre la prevención de la corrupción, la reducción del tamaño del Estado y la transferencia de activos públicos al sector privado, ya sea nacional o internacional. Esto es especialmente cierto porque grandes petroleras estatales, como Statoil, y empresas privadas, como Shell y Total, han enfrentado graves casos de corrupción en Libia, Angola y Nigeria, respectivamente, y esto en ningún momento ha servido como argumento para reducir los planes estratégicos de inversión de estas empresas.

Desde una perspectiva económica, al inicio de la Operación Lava Jato, el sector industrial del petróleo y el gas natural representaba aproximadamente el 13% del PIB de Brasil, y Petrobras proyectaba un paquete de inversión de US$220,6 millones para el período 2014-2018. Sin embargo, el drástico cambio de rumbo significó que, en 2016 y 2017, Petrobras y la cadena de suministro de petróleo y gas fueron responsables de más de la mitad de la caída del PIB, lo que afectó gravemente a su cartera de más de veinte mil proveedores. A muchos de estos proveedores se les prohibió participar en licitaciones gubernamentales y acceder a fuentes de financiación pública, lo que dejó un saldo de proyectos interrumpidos, aumento del desempleo, disminución de la recaudación fiscal y, en consecuencia, un empeoramiento de la situación económica del país.

Uno de los sectores más afectados fue el de las empresas constructoras, la construcción civil y la ingeniería pesada. Para usar un ejemplo ilustrativo, en 2014 Odebrecht ganó más de R$ 109 mil millones en ingresos brutos con 276.224 empleados, mientras que en 2016 los ingresos sufrieron una caída significativa, llegando a R$ 89 mil millones y reduciendo su fuerza laboral a 79.616. El escenario es análogo para las diez empresas constructoras más grandes del país: Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, MRV, Construcap, Direcional, ARG y Mendes Júnior. Durante este período, en promedio, los ingresos brutos de las empresas cayeron un 18%, pero los empleos se redujeron un 72%. La diferencia en el castigo es sorprendente: en este sector, la pérdida para los trabajadores ha sido cuatro veces mayor que para los empleadores.

Desde un punto de vista ético y moral, la Operación Lava Jato también puede ser cuestionada. A finales de 2017, el Ministerio Público presentó la última sistematización de los datos de la Operación; el equipo de Curitiba se jactó de haber llevado a cabo 222 detenciones coercitivas y 163 acuerdos de culpabilidad, pero solo 10 acuerdos de clemencia. Parece haber un uso excesivo de procedimientos legales no convencionales. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconden elementos poco debatidos por la opinión pública. La legislación brasileña sobre acuerdos de culpabilidad prevé la aplicación de un elemento denominado "cláusula de cumplimiento", que supone una ventaja económica, ya que cada informante puede negociar un porcentaje del dinero recuperado de su testimonio. Lamentablemente, la mayoría de estas cláusulas permanecen bajo secreto judicial.

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