"La masacre de Guarujá fue terrorismo de Estado", afirma André Constantine.
El activista social también exigió al ministro Silvio Almeida acciones contra los crímenes del gobierno de Tarcisio de Freitas.
247 - André Constantine, activista de movimientos sociales vinculados a la favela y defensor de la justicia social, concedió una entrevista a TV 247, donde abordó temas urgentes relacionados con la violencia policial. Constantine abordó la masacre de Guarujá en São Paulo, así como la situación en el Complejo Penha en Río de Janeiro, arrojando luz sobre lo que describió como "verdadero terrorismo de Estado".
Una de las declaraciones más contundentes de Constantine durante la entrevista fue la afirmación de que el operativo que desembocó en la Masacre de Guarujá fue un acto de venganza con la aprobación del gobernador Tarcisio de Freitas. No escatimó en críticas a la interacción entre el poder estatal y las fuerzas policiales, afirmando que «mientras el sistema imperante sea el capitalismo y el Estado sea burgués, todas las fuerzas policiales seguirán siendo clasistas».
Constantine también arrojó luz sobre la situación en el Complejo Penha en Río de Janeiro, refiriéndose a una operación conjunta de la Policía Militar y la Policía Civil que resultó en una masacre en Vila Cruzeiro. Sugirió que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, podría haber sido influenciado por sucesos similares en São Paulo y que la búsqueda de visibilidad política podría estar llevando a acciones cuestionables. "La sangre derramada en las favelas y las masacres que ocurren en ellas atraen votos", afirmó.
Investigaciones transparentes – Con tono de urgencia, Constantine instó al ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, a intervenir cuando el Estado parezca estar involucrado en prácticas consideradas violentas y crueles. Exigió investigaciones transparentes y la rendición de cuentas de los responsables de las operaciones cuestionables.
En el contexto de las declaraciones de Constantine, es importante considerar diferentes perspectivas sobre la relación entre las fuerzas policiales, los funcionarios gubernamentales y las comunidades marginadas. Los temas que plantea resaltan la necesidad constante de un debate público sobre la reforma policial, los derechos humanos y la equidad social, buscando soluciones que promuevan la seguridad sin comprometer los valores fundamentales de justicia e igualdad. Ver: