Las empresas podrán suspender el aumento de tarifas para los conductores de autobús.
El Sindicato de las Empresas de Ómnibus de Porto Alegre (Seopa) amenaza con no repercutir el aumento salarial del 11,81% a los conductores de ómnibus en la nómina de marzo si no se restituye el aumento de la tarifa a R$ 3,75; Seopa recurrió al Tribunal Regional del Trabajo (TRT), afirmando que no repercutirá el porcentaje a los empleados si la tarifa se mantiene en R$ 3,25; tres días después de que la tarifa entrara en vigor, el nuevo valor fue suspendido por la justicia en respuesta a una acción presentada por el partido PSOL; la decisión sigue vigente, ya que el TJ-RS (Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul) rechazó el pedido de reconsideración presentado por la Alcaldía de la capital.
Jacqueline Silveira, Sur 21 El Sindicato de Empresas de Autobuses de Porto Alegre (Seopa) amenaza con no repercutir el reajuste del 11,81% a los conductores de autobús en la nómina de marzo si no se restablece el aumento de la tarifa de R$ 3,75. El martes por la tarde (8), Seopa presentó una comunicación al Tribunal Regional del Trabajo (TRT) informando al TRT que no repercutirá el porcentaje a los empleados si la tarifa se mantiene en R$ 3,25. El 22 de febrero, junto con el nuevo sistema de transporte público, entró en vigor la nueva tarifa. Sin embargo, tres días después, el nuevo valor... Fue suspendido por los tribunales. Ante la demanda interpuesta por PSOL, la decisión se mantiene vigente, pues el Tribunal de Justicia del Estado también rechazó la solicitud de reconsideración presentada por el Ayuntamiento de la Capital este martes.
El abogado de Seopa, Alceu Machado, argumentó que las empresas ya han incurrido en pérdidas por R$ 3,4 millones en los 13 días en que la tarifa ha sido de R$ 3,25. Añadió que "otras obligaciones", además de los salarios de los ocho mil conductores de autobús, podrían no pagarse, como la financiación de nuevos autobuses. "Las empresas no eligieron a los empleados para que pagaran el precio", explicó el abogado, en referencia a los demás compromisos de las concesionarias que podrían verse afectados. Sin embargo, el abogado admitió que los salarios de los trabajadores representan casi el 50% del cálculo de la tarifa. "Las empresas viven exclusivamente de los ingresos; no hay magia", añadió Machado. Esto contrasta con Carris, dijo, que es una empresa pública con su propio presupuesto.
Las concesionarias pagaron el ajuste correspondiente al mes de febrero y, según la legislación laboral, no es posible reducir los salarios. Sin embargo, el abogado de Seopa argumentó que la propia legislación permite el incumplimiento del convenio colectivo por "fuerza mayor". "Esto escapa a la responsabilidad de las empresas", enfatizó, refiriéndose a la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial.
Al preguntársele si las empresas temen una huelga en la categoría, el abogado afirmó que "existe esa posibilidad". "Es obvio que (la decisión) causará malestar y descontento", concluyó Machado. El presidente del Sindicato de Conductores de Autobús, Adair da Silva, fue contactado por Sul21, pero no fue posible contactarlo para que comentara sobre la decisión de Seopa. El diputado estatal Pedro Ruas (PSOL), uno de los autores de la solicitud de suspensión de la nueva tarifa, criticó la postura de las empresas desde la tribuna de la Asamblea Legislativa, afirmando que las concesionarias quieren generar "caos". "Es una afrenta a los trabajadores y a la sociedad", declaró.