La Corte Suprema de Brasil bloquea la recuperación de las haciendas ocupadas por el pueblo Pataxó en Bahía.
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia, decidió este jueves suspender la orden de recuperación de las fincas ocupadas por indígenas de la etnia pataxó, en Prado, sur de Bahía; concedió una medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar conflictos en dos fincas de la región, ocupadas por indígenas que reivindican la propiedad del área y la finalización del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Comexatibá. "Es innegable la necesidad de alcanzar una solución al conflicto de tierras que involucra los intereses contrapuestos de indígenas y no indígenas", afirmó la ministra.
André Richter - reportero de Agência Brasil
La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, decidió hoy (27) suspender la orden de recuperación de fincas ocupadas por indígenas de la etnia Pataxó, en Prado, sur de Bahía.
El ministro concedió una medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar el estallido de conflictos en dos fincas de la región, ocupadas por indígenas que reclaman la propiedad del área y la culminación del proceso de demarcación de la Tierra Indígena Comexatibá (Cahy Pequi).
En su decisión, la ministra entendió que la ejecución de la orden de reposesión, autorizada por el Tribunal Federal de Teixeira de Freitas (BA), con la intervención de personal de la Policía Federal y Militar, podría exacerbar el clima de disputa entre indígenas y agricultores de la región. La orden de desalojo debe permanecer suspendida hasta que se dicte una decisión definitiva sobre el fondo del recurso de amparo de primera instancia que autorizó la reposesión.
Es innegable que debe alcanzarse una solución al conflicto de tierras que involucra los intereses contrapuestos de pueblos indígenas y no indígenas. Esta resolución no se ha visto facilitada ni acelerada por el ejercicio abusivo de la autoayuda y el uso de la violencia por parte de las partes en lugar del diálogo y el respeto al orden jurídico vigente, afirma el ministro.