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TJ-BA 'tiene un sello de calidad' en la prescripción de sentencias para jueces.

El juez José Edivaldo Rocha Rontondano (en la foto) afirma que el Tribunal de Justicia de Bahía (TJ-BA) tiene "una marca registrada, un sello de calidad" en cuanto al juzgamiento de los procedimientos administrativos, que últimamente ha sido reconocer la prescripción de las sanciones impuestas a jueces y funcionarios. "Tenemos que combatir este cáncer en sus inicios, ya sea en la Inspección o con el relator"; para el juez, es mucho más "digno absolver por falta de pruebas que retrasar la pena debido a esta inercia existente".

El juez José Edivaldo Rocha Rontondano (en la foto) afirma que el Tribunal de Justicia de Bahía (TJ-BA) tiene "una marca registrada, un sello de calidad" en cuanto a la resolución de procedimientos administrativos, que últimamente ha sido reconocer la prescripción de las sanciones impuestas a jueces y funcionarios. "Tenemos que combatir este cáncer en sus inicios, ya sea en la Inspección o con el relator". Para el juez, es mucho más "digno absolver por falta de pruebas que retrasar la pena debido a esta inercia existente". (Foto: Rómulo Faro)

Bahía 247 - En sesión en la que se juzgarán prioritariamente pedidos de revisión en el plenario del Tribunal de Justicia de Bahía, el juez José Edivaldo Rocha Rontondano habló sobre los procesos administrativos contra magistrados que fueron declarados viciados.

Según él, el Tribunal tiene "una marca de fábrica, un sello de calidad" en cuanto al juzgamiento de los procedimientos administrativos, que últimamente ha sido el de reconocer la prescripción de las sanciones impuestas a jueces y funcionarios.

"Tenemos que matar este cáncer en su fase inicial, sea en la Inspectoría General o con la relatoría", afirmó Rontondano, en una publicación de Bahia Notícias.

Según el juez, es mucho más "digno absolver por falta de pruebas que retrasar el castigo por esa inercia existente".

Rotondano asegura que no se trata de una "caza de brujas contra ningún juez", pero que no está "contento con nuestra actitud de reconocer la prescripción".

La declaración se realizó después de que el pleno del tribunal condenara al juez César Batista a una amonestación, pero tuvo que reconocer que la pena ya había expirado. La jueza Nágila Brito, relatora del caso, declaró que el caso le fue asignado en febrero de 2014 y que ella y su equipo trabajaron para agilizar el juicio.

La actual Inspectora General de Justicia de los distritos del interior, Vilma Costa Veiga, declaró que cuando se le asignó el caso, aún estaba juramentándose y, por lo tanto, no participó en la investigación contra el magistrado. Además, la Inspectora General afirma haber resuelto todos los casos en su oficina, ya que está a punto de jubilarse.