La venta de tierras públicas será impugnada ante los tribunales.
El concejal Elias Vaz (PSB) está preparando una demanda colectiva contra el proyecto del alcalde Paulo Garcia (PT), aprobado por el Ayuntamiento, que permite la desclasificación, principalmente para su venta, de 18 espacios públicos en Goiânia. La demanda se basa en dos irregularidades: la violación de la Ley Complementaria n.º 78 de 1999, que prohíbe la desclasificación de espacios públicos destinados a la construcción de plazas, escuelas, centros de salud, hospitales, guarderías y centros comunitarios, como es el caso; y la violación del Plan Maestro, con la densificación en regiones fuera de los corredores de transporte público. "Es un crimen contra Goiânia", denuncia Vaz.
247 - El concejal Elias Vaz (PSB) ya prepara acciones legales contra el proyecto aprobado hoy en segunda votación por el Ayuntamiento, que permite la desclasificación, principalmente para su venta, de 18 espacios públicos en Goiânia. Se espera que la acción cuente con el apoyo de otros concejales y de la sociedad civil organizada. Aprobado esta mañana por 19 votos a favor y 11 en contra, el proyecto autoriza la desclasificación de casi 209 metros cuadrados, principalmente en la región municipal de Paço.
La acción se basa fundamentalmente en dos irregularidades: la propuesta viola el Plan Maestro y la Ley Complementaria N.º 78 de 1999, que establece normas para el uso y la enajenación de los bienes municipales. La Ley Complementaria prohíbe la desclasificación de áreas públicas destinadas a la construcción de plazas, escuelas, centros de salud, hospitales, guarderías y centros comunitarios, excepto si la medida se adopta para la implementación de proyectos de infraestructura y vivienda social. «La mayoría de las áreas que la alcaldía quiere vender ya tienen un propósito designado. La más grande, en el Parque Lozandes, por ejemplo, está destinada a un proyecto para atender a niños y adolescentes. Hay terrenos para la construcción de guarderías y servicios para adultos mayores. La alcaldía incluso quiere vender áreas verdes», afirma Elias Vaz.
Otro grave problema señalado por el concejal es que el proyecto aprobado hoy contradice el modelo de ordenamiento territorial de la ciudad establecido en el Plan Maestro. La Ley 8767, reglamentada en 2009, permite Proyectos de Urbanización Diferenciada (PDU) para la ocupación de vacíos urbanos, áreas mayores a 62,5 metros cuadrados, ya sea subdivididas o no, y terrenos baldíos, como terrenos desocupados entre dos edificios.
Una de las opciones es el PDU-I, que permite la construcción de edificios, pero solo en ejes de desarrollo exclusivos, como los corredores de transporte público en la T-9, Goiás y la Avenida 85, y en ejes de desarrollo preferencial, como el corredor Goiás Norte. Sin embargo, el ayuntamiento autoriza la opción del PDU-I, que en la práctica implica la autorización de verticalización, con la construcción de grandes edificios, en las 18 zonas que no cumplen los requisitos estipulados por ley. El ayuntamiento quiere autorizar el crecimiento de la ciudad en zonas fuera de los corredores de transporte público para favorecer intereses económicos y no el bien común. Hoy, al aprobar esta ley, el Ayuntamiento está desmantelando el Plan Maestro y siendo cómplice de este absurdo. Esta actitud del alcalde representa el mayor daño de su administración hasta la fecha para Goiânia. Los baches se pueden rellenar, el alumbrado público aún se puede reparar, la recolección de basura, aunque tarde, se normalizará, y algún día el ayuntamiento tendrá que saldar la deuda de 400 millones. Pero la venta de espacios públicos y el permiso para construir estructuras improvisadas en zonas no autorizadas por el Plan Maestro causarán daños irreversibles a la ciudad. Es un crimen contra Goiânia», enfatiza Elias Vaz.
El concejal enfatiza que no se consultó a las asociaciones de vecinos de las zonas donde se retirarán los terrenos del uso público, lo que contradice las directrices de gestión democrática establecidas por el Estatuto de la Ciudad. "La aprobación del proyecto no se ajusta a lo presentado en las dos audiencias públicas celebradas por el Ayuntamiento sobre el asunto. Los participantes expresaron su oposición a la retirada del uso público. No se respetaron los derechos de la población", afirma Elias Vaz.
