Victoria popular en Peruíbe: Cetesb prohíbe la construcción de una central termoeléctrica.
La empresa rechaza la concesión de licencias para una planta altamente contaminante en un municipio donde más del 70% del territorio se encuentra dentro de una zona de protección ambiental; la cancelación definitiva del proyecto Gastrading es una victoria para la población, movilizada desde que el proyecto se hizo público a principios de año; debido a la presión pública, el municipio debería estar protegido de futuras amenazas a través de legislación municipal y federal.
Cida de Oliveira, RBA - La Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb) rechazó la solicitud de licencia de Gastrading Comercializadora de Energias SA para la construcción del Proyecto Verde Atlântico Energias en el municipio de Peruíbe, en la costa sur del estado. Con la decisión del directorio de la agencia ambiental, publicada hoy (19) en el Diario Oficial del Estado de São Paulo, que concluyó que el proyecto era ambientalmente inviable, queda prohibida su construcción.
La opinión del consejo de la agencia ambiental tuvo en cuenta el estudio de impacto ambiental y el informe de impacto de un gran proyecto consistente en una central termoeléctrica de gas con un alto potencial de generación de electricidad y un puerto marítimo a 10 kilómetros de la playa central.
La cancelación definitiva del proyecto Gastrading representa una victoria para la población, movilizada desde que se hizo público a principios de año. Este proyecto, de interés para el gobierno estatal, estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la programación de audiencias públicas y la exclusión del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) del proceso de licenciamiento, a pesar de estar ubicado en territorio indígena y en la costa marítima, que se encuentra bajo jurisdicción federal.
La movilización de la población de Peruíbe condujo a la creación de un frente parlamentario contra la planta termoeléctrica en Peruíbe, coordinado por el diputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira (PT), autor del Proyecto de Ley 673/2017, que prohíbe la concesión de licencias e instalación de proyectos que producen lluvia ácida en áreas ubicadas hasta 20 kilómetros de unidades de conservación en el Bioma del Bosque Atlántico.
Debido a la presión ciudadana, el municipio debe estar protegido de futuras amenazas mediante legislación municipal y federal. A principios de noviembre, el Ayuntamiento aprobó una ley que prohíbe la instalación de proyectos que causen contaminación atmosférica, como la central termoeléctrica, y una enmienda a la ordenanza municipal con contenido similar se votará tras el receso. A nivel federal, se encuentra el Proyecto de Ley 8.631/2017, del congresista Nilto Tatto (PT-SP), presidente del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Comercio. De aprobarse, impedirá la instalación de actividades industriales cerca de Unidades de Conservación (UC), tierras indígenas y territorios quilombolas.
Esta es la tercera gran victoria para la población de Peruíbe, acostumbrada a luchar contra los ataques al potencial turístico del municipio, ubicado en un santuario ecológico. En la década de 1980, se opusieron a un proyecto para construir una central nuclear en la región. Además de lograr el fracaso de la idea, consiguieron la aprobación de una legislación específica que creó la estación ecológica Juréia-Itatins.
Más recientemente, en 2013, se movilizaron contra el proyecto del entonces multimillonario Eike Batista, quien pretendía construir un gran puerto en la zona. «Nuestra gran tarea ahora será demostrar que, aunque no tengamos el poder económico que conlleva, somos fuertes porque somos muchos. Y somos más fuertes que el poder político que elegimos», afirmó el presidente de la ONG Protección del Sistema Costero de Mongue, Plínio Melo.
Para el biólogo André Ichikawa, miembro del Consejo Municipal del Medio Ambiente (Comdema) y del Instituto Ernesto Zwarg, esta fue la lucha más difícil y significativa. «El proyecto era concreto, con una gran inversión de capital y el apoyo del gobierno estatal. Y ganamos en un momento en que el país retrocede, con la pérdida de derechos y otras amenazas. Cuando las luchas parecen ingratas, nuestra movilización popular emerge victoriosa. La lucha vale la pena».
Nota de Cetesb
Consulta el comunicado emitido por la oficina de prensa:
Cetesb informa que ha concluido que el Proyecto Verde Atlântico Energias, previsto para el municipio de Peruíbe, en la costa sur del estado, es ambientalmente inviable, tras analizar el Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) que fundamentó la solicitud de una Licencia Ambiental Preliminar.
Según el informe técnico de la empresa, el estudio ambiental no abordó aspectos relevantes para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto, y además trató los impactos significativos del proyecto de manera simplista, sin considerar la complejidad social y ambiental de la región.
Los técnicos también consideraron que se ignoró la evaluación de la compatibilidad con otros proyectos existentes en la región, así como los impactos de la conexión del proyecto al sistema eléctrico y a la red de gasoductos, y los impactos sociales de la iniciativa, especialmente los derivados de la atracción de mano de obra y los impactos en la economía local.
Además de estas deficiencias y considerando: el conocimiento de la región y el conocimiento adquirido al otorgar licencias para proyectos similares; la intensidad de los impactos, especialmente en lo que respecta a la alta carga de contaminación atmosférica prevista para la región; la magnitud de la supresión planificada de la vegetación nativa; la calidad ambiental preservada de los entornos marinos y terrestres afectados; los riesgos de accidentes ambientales a gran escala en el medio marino; y el contraste entre el proyecto planificado y la vocación del área (declarada en varios documentos legales); Cetesb decidió no aprobar el EIA/RIMA.
Otro punto considerado en el informe técnico sobre la inviabilidad ambiental de la planta termoeléctrica fue la incompatibilidad del proyecto con la legislación municipal de Peruíbe, según lo manifestado por la alcaldía, y la oposición expresada por la agencia ambiental municipal respecto a su instalación en el municipio. El análisis también consideró las mociones presentadas por la sociedad civil durante las audiencias públicas, en oposición a la instalación de la planta.