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ByteDance condiciona el acuerdo de TikTok a la ley china después de que Trump concediera una nueva prórroga de 75 días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intentando presionar para que la aplicación se venda a una empresa estadounidense.

La bandera de Estados Unidos y el logotipo de TikTok se ven en esta ilustración tomada el 8 de enero de 2025. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

247 - La empresa china ByteDance anunció el sábado que cualquier acuerdo relacionado con las operaciones de TikTok en Estados Unidos estará sujeto a la aprobación de las autoridades chinas. El comunicado se publicó en su cuenta oficial de WeChat después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una nueva prórroga de 75 días para la venta o prohibición de TikTok en el país. La noticia fue reportada originalmente por una agencia de noticias estatal china. Xinhua y por periódico Global Times.

ByteDance confirmó que aún no ha llegado a un acuerdo con el gobierno estadounidense y que las negociaciones siguen en curso. "Hemos estado en conversaciones con el gobierno estadounidense sobre una posible solución para TikTok en Estados Unidos. Aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Quedan asuntos importantes por resolver. Cualquier acuerdo estará sujeto a la aprobación de la legislación china", declaró la compañía.

El presidente Trump, quien asumió el cargo para un segundo mandato el 20 de enero de 2025, publicó en redes sociales el viernes (4) que otorgaría a TikTok una prórroga adicional de 75 días, ampliando así el plazo original establecido por la llamada "venta o prohibición". Según Trump, se han logrado "avances significativos", pero "se necesita más trabajo" para alcanzar un acuerdo definitivo.

La nueva extensión representa el segundo intento de la administración Trump por evitar la suspensión total de la aplicación, muy popular entre los estadounidenses, con más de 170 millones de usuarios. Poco después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que pospuso la prohibición de la plataforma hasta el 5 de abril, lo que dio más tiempo para revisar el caso.

En abril de 2024, aún bajo la administración de Joe Biden, el Congreso de Estados Unidos aprobó, y el entonces presidente firmó, una legislación que exigía la venta de TikTok a una empresa no china en un plazo de 270 días. De lo contrario, la plataforma quedaría prohibida en el país a partir del 19 de enero de 2025, el día anterior a la investidura presidencial.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema. El 21 de enero, en respuesta a las declaraciones de Trump de que la mitad de TikTok debería transferirse a una empresa estadounidense o se impondrían aranceles del 100 % a China, Guo criticó la postura de Washington. «Estados Unidos debería escuchar con sensatez y proporcionar un entorno empresarial abierto, justo y no discriminatorio para todas las entidades del mercado, independientemente de su origen», declaró.

Guo también defendió el papel positivo que TikTok ha desempeñado en el país. "La plataforma lleva años operando en Estados Unidos y es muy popular entre los usuarios locales. Ha contribuido al empleo y al consumo en el país", afirmó. Para el gobierno chino, decisiones como la operación o adquisición de empresas deben regirse por los principios del mercado, no por imposiciones políticas. "Si participan empresas chinas, deben respetarse las leyes y regulaciones chinas", enfatizó.

En otra declaración del 27 de marzo, Guo reiteró la postura del gobierno chino sobre una posible reducción arancelaria como moneda de cambio para alcanzar un acuerdo sobre TikTok. «China ya ha dejado clara su postura sobre TikTok y se opone firmemente a la imposición de aranceles adicionales. Nuestra postura es coherente y clara», concluyó.

La batalla geopolítica por TikTok pone de relieve la creciente tensión entre Estados Unidos y China, lo que refleja una lucha más amplia por la influencia tecnológica y económica. Este impasse también plantea interrogantes sobre la soberanía digital y los límites de la intervención estatal en entornos empresariales globalizados.

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