La Comisión de la ONU sobre la Mujer concluye con escaso consenso; Brasil obstaculiza el progreso.
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU concluyó el viernes (22) después de dos semanas de debates, en los que se hizo evidente una vez más la dificultad que tienen los países para llegar a un consenso sobre la igualdad de género; Brasil fue uno de los países críticos con el documento, del cual se distanció, destacando que algunos puntos están en desacuerdo con las posiciones del gobierno de Jair Bolsonaro.
247, con EFE - La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU concluyó el viernes (22) tras dos semanas de debates, en los que volvió a quedar patente la dificultad que tienen los países para alcanzar un consenso sobre la igualdad de género. Brasil fue uno de los países que criticó el documento, del que se desvinculó, destacando que algunos puntos contradicen las posturas del gobierno de Jair Bolsonaro.
Los ataques contra los derechos de las mujeres y la lucha por evitar el retroceso de las protecciones establecidas en las últimas décadas dominaron las reuniones de este año.
Como en ediciones anteriores, la profunda división entre las posiciones de los diferentes gobiernos volvió a quedar patente, lo que provocó el aplazamiento durante varias horas de la reunión final para la adopción del documento de conclusión del encuentro.
Finalmente, al acercarse la noche del viernes en Nueva York, las delegaciones adoptaron un texto acordado tras varios días de negociaciones.
A pesar de los importantes esfuerzos por alcanzar un consenso, Arabia Saudí y Bahréin tomaron la palabra en esta reunión final para anunciar que se distanciaban del documento, considerando que violaba varias "líneas rojas" para sus gobiernos, y argumentaron que estas no debían considerarse conclusiones estipuladas por los miembros.
Entre otras cuestiones, ambos países destacaron las referencias a la salud sexual y reproductiva y a la educación sexual como puntos que no podían aceptar.
La cuestión de los derechos sexuales y reproductivos también llevó a Guatemala a expresar su rechazo a un párrafo del texto, considerando que podría utilizarse para justificar abortos.
Brasil también criticó el documento y se distanció de algunos puntos, enfatizando que están en desacuerdo con las posiciones del gobierno de Jair Bolsonaro.
En esta edición, el borrador inicial reafirmó, entre otras cosas, la Declaración de Beijing de 1995, el primer compromiso mundial importante para lograr la igualdad de género, que algunos gobiernos no ven con buenos ojos debido a su reconocimiento del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.
Junto a países tradicionalmente muy conservadores, delegaciones como la de Estados Unidos, que bajo el mandato de Donald Trump ha endurecido su postura contra el aborto, también estuvieron presentes en esta ocasión.
Esta postura acercó a Washington a las naciones de Oriente Medio y África, distanciándolo de aliados tradicionales como los miembros de la Unión Europea y Canadá.
Todo el espectro de voces tuvo cabida en la Comisión de la Mujer, que, además de los países, incluyó a más de 5.000 representantes de organizaciones de la sociedad civil, desde grupos feministas hasta entidades antiaborto y aquellas que defienden una definición tradicional de familia.
Las cuestiones relativas a los tipos de familia y la identidad de género también figuraron entre los temas más apremiantes durante las dos semanas de reuniones.
Todo esto ocurrió bajo la sombra de una reacción adversa contra el feminismo y los avances en los derechos de las mujeres logrados en los últimos años.
El problema de la violencia contra las mujeres y el acoso también estuvo muy presente, incluso de forma directa, ya que la diplomática keniana que dirigió las negociaciones del documento final, Koki Muli, denunció haber sido víctima de acoso en línea debido a sus responsabilidades.
Entre las iniciativas implementadas durante las dos semanas de reuniones, destacó una campaña impulsada por ONU Mujeres para poner fin a todas las leyes discriminatorias que siguen existiendo en el mundo.
Según la agencia, más de 2,5 millones de mujeres y niñas siguen viéndose afectadas por una legislación que impide la plena igualdad, y muchos países continúan manteniendo normas diferentes para hombres y mujeres en cuestiones básicas como la obtención de un pasaporte, el acceso al empleo o la herencia.
Además, gran parte del debate se centró en el papel de los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura en la lucha por la igualdad, el tema central de este año.
Entre otros temas, los participantes de la Comisión debatieron sobre la protección de la maternidad, el acceso a guarderías asequibles, las pensiones, el transporte y la seguridad, cuestiones que presentan situaciones muy diferentes en todo el mundo.