Diputados uruguayos aprueban Ley Integral para Personas Trans

Agencia EFE La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este viernes la Ley Integral de Personas Trans, una norma que establece medidas para combatir la discriminación y avanzar en la garantía de derechos como el acceso al trabajo y a la vivienda, y que ahora será promulgada por el Gobierno.

Tras recibir la aprobación del Senado, la Cámara dio hoy luz verde a la ley, con 62 votos sobre 88, no sólo de representantes de la coalición gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), sino también de la oposición.

La normativa, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, fue discutida en una sesión que inició ayer por la tarde y se extendió por más de 10 horas, finalizando esta mañana, tras las intervenciones de al menos 40 parlamentarios, quienes expusieron sus argumentos a favor y en contra.

La diputada Manuela Mutti, del partido FA, explicó a la agencia EFE que la aprobación de la ley significa que Uruguay avanza no sólo "en derechos y democracia" sino también "en las posibilidades de tener realmente una sociedad más participativa y justa".

Aunque todos tenemos derechos desde que nacemos, luego uno conoce el país real, el país legal, se da cuenta de que aún queda mucho camino por recorrer y que necesitamos legislar de forma más específica en ciertas situaciones. Esta población ve sus derechos constantemente vulnerados y no debería ser así. Esto involucra su identidad de género y cómo se identifican como tales, argumentó.

La ley establece procedimientos para que las personas transgénero cambien su nombre en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los gobiernos departamentales, las entidades autónomas y demás organismos públicos a destinar anualmente el 1% de las vacantes de empleo a esta población.

Además, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional deberá destinar un cupo “no inferior al 1%” de sus programas de formación a personas transgénero.

Uno de los artículos que ha generado polémica entre la ciudadanía y los legisladores es el que establece que los menores de 18 años no necesitan autorización de sus padres para cambiar de nombre o recibir tratamiento hormonal.

“Las personas menores de 18 años deberán presentarse a solicitar el cambio de nombre y género acompañadas de sus representantes legales, o de alguien acreditado con los conocimientos necesarios para realizar el trámite”, enfatiza la legislación.

Si no se obtiene la autorización, el menor podrá acudir a lo dispuesto en el artículo 110 del Código Civil y en el artículo 404 del Código General de Procedimiento Civil, donde deberá tomarse en cuenta “el interés superior del menor”.

Otro artículo que ha sido fuertemente criticado es el que establece que las personas transgénero, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a reparaciones económicas.