Carlos Bolsonaro interfiere en proceso de licitación de equipos de espionaje, provocando una crisis con la cúpula militar.
El concejal Carlos Bolsonaro presionó al ministro de Justicia, Anderson Torres, para que excluyera a la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) del proceso de licitación para la adquisición de una herramienta de espionaje. Organismos como la GSI y la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia) quedaron fuera de las negociaciones, lo que, según algunas fuentes, fue interpretado como un intento de reducir el poder de los militares en el gobierno.
247 El concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), presionó al nuevo ministro de Justicia, Anderson Torres, para que excluyera a la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de la licitación de R$ 25,4 millones para la adquisición de una herramienta de espionaje. Fuentes interpretaron la iniciativa del concejal como un intento de reducir el poder de los militares en el gobierno de Jair Bolsonaro. Los organismos oficiales de investigación que se beneficiarían directamente de la herramienta, como la GSI y la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), quedaron fuera de las negociaciones.
La convocatoria de licitación, número 03/21, del Ministerio de Justicia, está prevista para este miércoles (19). El objetivo es contratar el programa de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
En una entrevista con portal ulEl abogado Renato Ribeiro de Almeida, doctor en Derecho por la Universidad de São Paulo (USP), que divulgó la información sobre las negociaciones, dijo que ve "inapropiada" la postura de Carlos Bolsonaro porque no forma parte del equipo del gobierno federal.
"No es republicano simplemente por ser hijo del presidente y asistir a reuniones estratégicas del gobierno. Y el asunto es aún más grave cuando se considera la posibilidad de entregar datos de brasileños a empresas internacionales", afirmó.
Según el profesor, miembro de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político, la acción del parlamentario podría interpretarse como un acto de cabildeo, aún no regulado en Brasil. "No es más que una intromisión de un particular en las acciones del gobierno", añadió.
El software opera mediante licencias, que son derechos de acceso individuales. De las 249 licencias estipuladas en el contrato, el ministro Anderson Torres tendrá control sobre 155, que también serán compartidas con Carlos Bolsonaro. Del total, 100 permanecerán en la Policía Federal y 40 en la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia.
Los otros 15 permisos se asignarán al Departamento de Bomberos y a la Policía Civil y Militar del Distrito Federal. Las autorizaciones restantes se pondrán a disposición del Banco Central, el Ministerio Público Federal y agencias de 13 estados.
En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirmó que el proceso de licitación tiene como objetivo “adquirir una herramienta de búsqueda y consulta de datos de fuentes abiertas para ser utilizada por el Ministerio y los organismos de seguridad pública en su labor de combate al crimen organizado”.
El Ministerio indicó que “el referido proceso de licitación no tiene relación alguna con el sistema Pegasus”.
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