Raquel Dodge defiende su encarcelamiento tras la condena en segunda instancia.
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, envió este jueves (16) al Supremo Tribunal Federal (STF) una opinión a favor de la decisión del Tribunal que validó el encarcelamiento de los condenados por la segunda instancia de Justicia; en el documento, Raquel Dodge afirma que la medida es fundamental para controlar la impunidad y que la anticipación de la ejecución de la sentencia antes de la sentencia firme, es decir, el fin de todas las posibles apelaciones, no viola el principio constitucional de presunción de inocencia.
Agencia Brasil - La Fiscal General de la República, Raquel Dodge, envió hoy (16) al Supremo Tribunal Federal (STF) un dictamen a favor de la decisión del Tribunal que validó el encarcelamiento de los condenados por la segunda instancia de Justicia.
En el documento, Raquel Dodge afirma que la medida es fundamental para controlar la impunidad y que la anticipación de la ejecución de la sentencia antes de la sentencia firme, es decir, antes de que finalicen todos los recursos posibles, no viola el principio constitucional de presunción de inocencia.
"Incluso mientras están pendientes dichas apelaciones, que no tienen efecto suspensivo, es improbable que alguien que será absuelto por tribunales superiores sea encarcelado", argumentó el fiscal.
Aún no se ha fijado la fecha del juicio. Para que las dos impugnaciones constitucionales que abordan la cuestión sean programadas para sentencia, deben ser emitidas por el ponente, el magistrado Marco Aurélio, y la presidenta del Tribunal Supremo, Carmen Lúcia, antes de ser resueltas por el pleno del tribunal.
El año pasado, el Tribunal Supremo revisó el caso dos veces y confirmó la interpretación de que es posible ordenar el encarcelamiento de los condenados después de un juicio en segunda instancia.
Por mayoría de votos, el pleno del tribunal rechazó las acciones interpuestas por la OAB (Organización de Abogados de Brasil) y el Partido Nacional Ecológico (PEN) que buscaban garantizar que las penas de prisión solo se produjeran después de que se hubieran agotado todas las apelaciones y el caso hubiera sido juzgado definitivamente.
Sin embargo, se produjeron cambios en la composición del Tribunal debido al fallecimiento del juez Teori Zavascki y al cambio de cargo de Gilmar Mendes.
La situación actual en el Tribunal es de estancamiento en este asunto. Los ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski y Celso de Mello se oponen a la ejecución inmediata o creen que la prisión podría producirse tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux y la presidenta Cármen Lúcia están a favor de la ejecución tras la segunda instancia.
El resultado dependerá de la comprensión de Alexandre de Moraes, quien no participó en el juicio porque asumió el cargo en la Corte Suprema en marzo, ocupando el puesto de Zavascki.