Tras aprobar el proyecto de ley de protección, la Cámara reanuda la votación secreta para aprobar las investigaciones contra los parlamentarios.
El texto pasa al Senado tras su aprobación con 314 votos a favor y un fuerte apoyo de los partidos del Centrão.

Lucas Pordeus León - Reportero de Agência Brasil
La Cámara de Diputados Restableció, este miércoles (17), el voto secreto para autorizar la apertura de procesos penales contra diputados y senadores, en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 3 de 2021, la llamada PEC da Blindagem.
Con 314 votos a favor y 168 en contra, la propuesta establece que los diputados y senadores solo podrán ser procesados penalmente tras su aprobación por la cámara parlamentaria (la Cámara de Representantes o el Senado). El proyecto de ley pasa ahora al Senado.
El relator de la PEC, el diputado Claudio Cajado (PP-BA), presentó una enmienda aglutinante para volver al texto original sobre la votación secreta, suprimido durante la madrugada.
"No nos cabe duda de que la votación de ayer no reflejó la postura general de la Cámara. La votación tuvo lugar pasada la medianoche, y muchos representantes incluso me contactaron diciendo que estaban dormidos, incluso inesperadamente", explicó el ponente.
Tras la aprobación del texto básico de la Propuesta de Enmienda Constitucional en la primera y segunda vuelta, el pleno aprobó una enmienda que excluía el voto secreto para la autorización de procesos penales y arrestos en flagrancia por delitos no sujetos a fianza contra diputados y senadores. Un total de 296 diputados votaron a favor del voto secreto, 12 menos de los 308 votos necesarios para aprobar una reforma constitucional.
Dirigentes de los partidos Novo, PSOL, PT y PSB criticaron la decisión de restablecer la posibilidad del voto secreto en la PEC, argumentando que la Constitución no permite votar sobre un mismo tema en la misma sesión legislativa.
"No es posible votar una enmienda, que sea rechazada y luego se vuelva a votar. Eso es lo que está sucediendo. Consideramos que esto atenta contra la Constitución. El artículo 60, párrafo 5, establece que el objeto de una enmienda rechazada o invalidada no puede ser objeto de una nueva propuesta en la misma sesión legislativa", argumentó el líder del Partido de los Trabajadores, el diputado Lindbergh Farias (PT-RJ).
El presidente de la Cámara, diputado Hugo Motta (Republicanos-PB), rechazó el recurso de algunos dirigentes y argumentó que la presentación de la enmienda aglutinante cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara, tiene precedente en votaciones anteriores y respeta el proceso legislativo.
Este hecho pone de relieve la legitimidad política, jurídica y procesal de la enmienda objeto de examen. En la misma línea, todos los textos que apoyan la consolidación han sido aprobados por el mencionado quórum calificado de tres quintos, en primera vuelta, por el pleno de esta Cámara, lo que demuestra la existencia de un acuerdo político sobre el tema, respondió el diputado Motta.
Los líderes opositores prometieron apelar la decisión ante la Comisión de Constitución y Justicia y el Tribunal Federal Supremo.
El diputado Alberto Fraga (PL-DF) defendió volver a votar sobre la inclusión del voto secreto en el Blindaje PEC.
En el Parlamento, las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría coincide con lo que Su Excelencia ha hecho. Por lo tanto, es evidente que el proyecto de ley se opondrá a su eliminación del orden del día, y hoy aprobaremos lo que Su Excelencia propone [el restablecimiento del voto secreto]», declaró el representante.
Para la diputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), la propuesta favorece la impunidad y los parlamentarios corruptos.
Nuestro voto [para eliminar el voto secreto en la Propuesta de Enmienda Constitucional] brindaría transparencia a la votación sobre si un miembro del parlamento permanece en prisión por cualquier delito cometido: robo, asesinato, pederastia o crimen organizado. Muchos la han llamado la Propuesta de Enmienda Constitucional para el Crimen Organizado, porque crea un escudo que facilita el acceso de las facciones criminales, afirmó.
El relator Claudio Cajado replicó afirmando que la PEC es una garantía para el ejercicio del mandato sin presiones indebidas ni “persecución política”.
"No cuenten conmigo, y estoy seguro de que la gran mayoría de este Parlamento, para otorgar inmunidad a quien cometa un delito. Esta historia que muchos cuentan sobre una organización criminal instalada en el Parlamento es una falacia", dijo el parlamentario.
Voto secreto
O Se aprobó el texto básico del PEC de Blindaje en la primera y segunda vuelta el martes por la noche por una amplia mayoría.
La Enmienda de Blindaje (PEC) establece que los diputados y senadores sólo podrán ser procesados penalmente si la Cámara de Diputados o el Senado autorizan la apertura del proceso penal en el Supremo Tribunal Federal (STF) dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la denuncia por cualquier tipo de delito.
Los casos de arresto en flagrancia por delitos no excarcelables, como homicidio y violación, también requieren autorización de la Cámara de Representantes dentro de las 24 horas, también mediante votación secreta.
La propuesta también otorga jurisdicción especial en el Supremo Tribunal Federal (STF) a los presidentes de partidos con escaños en el Congreso Nacional. Según la normativa vigente, solo el presidente de la República, el vicepresidente, los diputados, senadores, ministros de Estado, miembros de tribunales superiores, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y los embajadores tienen acceso a la jurisdicción en virtud de su cargo en el STF.
El Blindaje PEC ha cobrado fuerza en las últimas semanas en el contexto de juicio y condena del expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado después de las elecciones presidenciales de 2022.
Los críticos señalan que la medida dificulta el procesamiento de diputados investigados por malversación de fondos públicos mediante enmiendas parlamentarias.
Por otro lado, defensores afirman que la PEC es una protección para el ejercicio del mandato parlamentario ante una supuesta “persecución política” por parte del Poder Judicial.


