Los analistas dicen que el Congreso sufre resultados terribles en 2017.
Se espera que el Congreso, que inicia sus labores en 2018 el martes (20), esté marcado por un receso a partir del segundo semestre debido a las elecciones, con una menor producción en el pleno y en las comisiones. Sin embargo, el resultado de la labor de la Legislatura federal en 2017 ya ha sido percibido como negativo por analistas y politólogos; algunos indicadores fueron las agendas retrógradas, el blindaje de Temer y la aprobación del nuevo régimen fiscal para los estados; informe de Hylda Cavalcanti, del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
Por Hylda Cavalcanti, de RBA Se prevé que el Congreso Nacional, que inicia sus labores en 2018 el martes (20), esté marcado por un receso a partir del segundo semestre debido a las elecciones, con una menor producción en el pleno y en las comisiones. Sin embargo, el resultado de la labor de la Legislatura federal en 2017 ya era considerado negativo por analistas y politólogos que evaluaron el reciente balance publicado por las juntas directivas de la Cámara y el Senado. El año pasado, la producción observada presentó pocas diferencias con respecto a la de 2016, considerada de baja calidad en comparación con años anteriores.
En total, se incorporaron 169 reglamentos al ordenamiento jurídico brasileño, incluyendo 162 leyes ordinarias, cuatro enmiendas a la Constitución y tres leyes complementarias. «La legislatura de 2017 fue una de las peores de la historia porque, además de ser ineficaz a la hora de aprobar propuestas destinadas a satisfacer las necesidades del país, corrompió a los parlamentarios con una flagrante práctica de clientelismo político», afirma el analista político Antônio Augusto de Queiroz, director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (Diap).
Nadie niega, sin embargo, que el hecho de que 2017 fuera un período turbulento, marcado por crisis políticas, debates, negociaciones y votaciones controvertidas, contribuyó a este desempeño. Esto fue especialmente cierto después de abril, cuando la Cámara de Diputados y el Senado comenzaron a discutir en paralelo el acuerdo de culpabilidad del empresario Joesley Batista, quien grabó una conversación que mantuvo con el presidente Michel Temer en el sótano del Palacio Jaburu.
El caso dio lugar a una solicitud, por parte del entonces Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, de abrir dos acusaciones contra Temer. "De julio a septiembre, el tema (las acusaciones) prácticamente monopolizó las discusiones y otras votaciones", reconoció el politólogo Alexandre Ramalho, de la Universidad de Brasilia (UnB). Ramalho recordó que la votación sobre la primera acusación tuvo lugar el 3 de agosto y la segunda el 25 de octubre, lo que sirve como indicador del clima turbulento en el que se desarrolló el Congreso durante ese período.
Como resultado, el trámite de los asuntos estuvo marcado por críticas, cambios de relatores en comisiones y modificaciones a varios puntos de propuestas que estaban en discusión pero que vieron alterado su contenido debido a las negociaciones entre el gobierno y segmentos del empresariado, del agronegocio y otros grupos que podrían ayudar a revertir la situación del presidente.
Propuestas retrógradas
También llamaron la atención las votaciones polémicas consideradas regresivas por dirigentes sindicales y movimientos de la sociedad civil, como la ley de subcontratación (Ley 13.429/17), aprobada el 22 de marzo, que permitió la subcontratación en todas las ramas de actividad; la "reforma" laboral, del 11 de julio, que se basa en la prevalencia de los acuerdos negociados sobre la legislación, entre otros puntos (Ley 13.467); y la reformulación de la enseñanza secundaria, del 8 de febrero, que no fue bien recibida por el sector educativo.
También fue objeto de críticas y se consideró uno de los puntos fuertes de la negociación gubernamental para proteger al presidente de la aprobación del nuevo régimen fiscal para los estados el 24 de mayo. El texto permitió, en los acuerdos de renegociación de la deuda de estas entidades federativas, la autorización para la privatización de empresas estatales en los sectores financiero, energético, sanitario y otros, así como la adopción de su propio sistema de pensiones, inspirado en el del gobierno federal, y la reducción de los incentivos fiscales que causan una pérdida de ingresos de al menos el 10%.
Otro aspecto negativo del año legislativo 2017, según los analistas, fue la reforma política. Tras numerosas enmiendas, la propuesta se aprobó con muchos puntos fragmentados, y el alcance principal del texto, con algunas excepciones, solo se aplicará a las elecciones de 2020.
Según Antônio Augusto de Queiroz, los parlamentarios terminaron el año sin concluir la tramitación de las propuestas relacionadas con la agenda fiscal, tan frecuentemente debatidas por el gobierno. En particular, la reintroducción de los impuestos sobre la nómina, la tributación de los fondos de inversión de capital fijo y el aumento de las cotizaciones previsionales de los funcionarios, además de la ya mencionada reforma previsional.
La conclusión a la que llegaron entidades como el instituto Contas Abertas y Diap fue que las propuestas impulsadas por el Ejecutivo se lograron mediante estrategias como concesiones, la aprobación de enmiendas parlamentarias y el retroceso en el contenido de los textos en discusión, como amnistías y exenciones fiscales. «Fue el año en que la cultura del clientelismo político prevaleció en el Congreso», criticó Queiroz.
En cuanto al origen, una encuesta realizada por Diap indicó que el material aprobado mantuvo la trayectoria de mayor participación del Congreso en la iniciativa legislativa, superando, en términos cuantitativos, al Poder Ejecutivo. De las 162 leyes ordinarias, 91 fueron iniciadas por parlamentarios y comisiones, 64 de la Cámara de Diputados y 27 del Senado; 70 del Poder Ejecutivo, con 31 provenientes de medidas provisionales, seis de proyectos de ley (PL) y 33 de proyectos de ley del Congreso Nacional (asuntos remitidos al Poder Ejecutivo, pero votados en sesión conjunta del Congreso por tratarse de asuntos presupuestarios); y uno del Poder Judicial.
En cuanto a las enmiendas constitucionales y leyes complementarias, la iniciativa del Senado prevaleció, ya que fue autor de las cuatro enmiendas y dos leyes complementarias, una de las cuales provino del Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados no redactó ninguna enmienda ni ley complementaria en el periodo legislativo de 2017.
Como si todo esto fuera poco, el año pasado, a diferencia de años anteriores, se redujo el número de propuestas aprobadas definitivamente por los comités técnicos. De las aproximadamente 100 propuestas con posibilidad de aprobación definitiva, solo 10 no llegaron al pleno, lo que perjudicó claramente la labor de los comités.
'Un año difícil'
El presidente del Congreso, el senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), adoptó una postura más optimista al hablar del balance de 2017. «Hemos llegado al final de un año difícil con las prerrogativas constitucionales del Senado Federal respetadas y garantizadas, lo cual no se hizo para garantizar privilegios a sus miembros, sino para garantizar la autonomía y la capacidad de esta Cámara para tomar las decisiones más adecuadas al interés público», justificó.
"No me preocupan las cifras de la producción legislativa, sino la calidad de lo que hacemos aquí. Por eso, a pesar de ser un año en el que aprobamos muchos asuntos, vale la pena destacar los más relevantes por su mérito", dijo Oliveira, haciendo hincapié en las reformas políticas y laborales.
También mencionó la aprobación de la Medida Provisional (MP) 763/2016, que permitió la continuación de los retiros de cuentas inactivas del Fondo de Indemnización por Tiempo de Servicio (FGTS), sin el plazo de espera de tres años exigido por la legislación anterior. Destacó la prioridad otorgada a la consideración de asuntos de interés para la mayoría de la población. Citó, como ejemplo, los proyectos de ley de presupuesto, debatidos en sesiones conjuntas, que totalizaron más de R$ 9,2 millones en créditos.
En total, el Congreso celebró 11 sesiones conjuntas para considerar vetos y asuntos presupuestarios, y 14 sesiones formales, tres de las cuales se destinaron a la promulgación de enmiendas constitucionales. Se consideraron 46 vetos adicionales, lo que elevó el total a 948 disposiciones vetadas. De estas, 928 fueron confirmadas y 20 rechazadas.
Otra evaluación notable, esta vez realizada por la Cámara de Diputados, se refiere al gran número de medidas provisionales en la agenda de ambas Cámaras. Este asunto fue objeto de protestas y quejas por parte del presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), a finales de diciembre, y ha sido objeto de atención incluso para parlamentarios de la base aliada. El grupo considera el envío de este instrumento legislativo del Ejecutivo al Congreso como un "instrumento autoritario", como declaró el propio Maia.
Según Queiroz, la forma en que se llevaron a cabo los trabajos y las negociaciones corrompió a los parlamentarios "llevándolos a una flagrante práctica de clientelismo político". "Hasta el punto de que el nuevo ministro de coordinación gubernamental está condicionando la entrega de fondos a los estados al apoyo de sus respectivas delegaciones a la reforma de pensiones", observó.
"El sentido de republicanismo e imparcialidad en el uso de los recursos y poderes estatales ha sido completamente ignorado en la actual legislatura. Salvo por la caída de la inflación y los tipos de interés, es un año para olvidar, desde cualquier otro punto de vista", añade el analista.