Gleisi se reúne con Erika Hilton y articula avances en enmienda constitucional para acabar con escala 6x1
El ministro buscará consenso sobre la propuesta de reducir la jornada laboral a 36 horas. El gobierno está considerando el impacto en las pequeñas empresas.
247 - En una reunión celebrada el martes (25), la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann (PT), manifestó su apoyo a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC), que prevé el fin del régimen de 6x1 y la reducción de la jornada laboral a 36 horas. La iniciativa fue presentada por la diputada federal Erika Hilton (Psol-SP).
Si bien manifestó su disposición a trabajar en el avance de la propuesta en el Congreso, Gleisi advirtió sobre la necesidad de realizar estudios más profundos sobre los efectos de la medida, especialmente en las pequeñas empresas, que podrían verse afectadas por los cambios en el régimen de jornada laboral. "También tenemos ciertas inquietudes, como cómo abordaremos el tema de las exenciones para los pequeños empresarios, para que no haya perjuicios", declaró Erika Hilton. Metrópolis.
La propuesta de Erika Hilton modifica el Artículo 7 de la Constitución Federal, que actualmente permite jornadas laborales de hasta 44 horas semanales. La nueva redacción limitaría este total a 36 horas, acercando la legislación brasileña a las prácticas ya adoptadas en países europeos. Para avanzar, la enmienda propuesta debe ser aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), luego remitida a una comisión especial y finalmente aprobada en dos vueltas en el pleno de la Cámara de Diputados, con al menos 308 votos en cada una.
Según Erika Hilton, Gleisi Hoffmann se comprometió a iniciar un diálogo con los Ministerios de Hacienda, Gabinete, Seguridad Social y Trabajo para evaluar la viabilidad económica de la propuesta. "La ministra Gleisi ha asumido el rol de principal intermediaria del gobierno. Desempeñará este papel en la Explanada, y nosotros lo haremos aquí en el Congreso Nacional, especialmente ahora en la Cámara de Diputados", declaró la congresista.
Esta iniciativa se sustenta en un contexto político en el que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) busca recuperar la aprobación de la clase media, cuyo apoyo ha fluctuado en los últimos meses. Medidas como el aumento de la exención del impuesto sobre la renta para salarios de hasta R$5 y la ampliación del programa «Minha Casa, Minha Vida» a familias con ingresos entre R$8 y R$12 forman parte de esta estrategia.
"El gobierno lideraría esta propuesta, se sumaría a ella y se esforzaría y comprometería para que se aprobara este texto. Es por la propia popularidad del gobierno. Creo que el gobierno también necesita una propuesta como esta", declaró Erika.
Sin embargo, el avance de la enmienda constitucional enfrenta obstáculos. El primero es remitir el texto a la CCJ de la Cámara, lo cual requiere la aprobación del presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quien se encuentra de viaje en Japón. Erika Hilton espera el regreso del congresista para avanzar con este primer paso.
Incluso después de esta etapa, el informe sobre el proyecto de ley en la CCJ podría ser objeto de controversia. "Habrá una disputa con la extrema derecha, que intentará secuestrar la agenda y desmantelarla. Veo esto como un gran desafío en los próximos años", analizó el diputado.
Otro desafío será la creación de la comisión especial, el órgano que analiza los méritos de la propuesta antes de su votación en el pleno. "La otra dificultad que creo que enfrentaremos, y por eso es tan importante el apoyo del gobierno, es la creación de la comisión especial, que ya supone un paso mucho mayor, que otorga al texto un peso e importancia enormes", enfatizó Erika Hilton.
La propuesta, que tiene el potencial de fortalecer el diálogo del gobierno con los trabajadores y los movimientos sociales, aún requerirá una intensa coordinación política. Con Gleisi al frente de esta mediación, el Palacio de Planalto podrá transformar la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) en una muestra de su compromiso con la valoración del trabajo, siempre que logre conciliar los intereses de los sectores productivos, especialmente los más vulnerables.


