Kakay: El caso Maluf debe ser evaluado por el pleno de la Corte Suprema.
El abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, defendió que el pleno del Supremo Tribunal Federal debe analizar el pedido de prisión del diputado federal Paulo Maluf (PP-SP); el martes (19), el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el "inicio inmediato" de la ejecución de la pena de 7 años, 9 meses y 10 días de prisión, impuesta por el STF por malversación de fondos cometida por Maluf en la Alcaldía de São Paulo.
Brasilia 247 -El abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conocido como Kakay, argumentó que el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) debería analizar la solicitud de arresto del diputado federal Paulo Maluf (PP-SP). El martes (19), el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el inicio inmediato de la ejecución de la condena de 7 años, 9 meses y 10 días de prisión impuesta por el STF por el delito de malversación de fondos cometido por Maluf en la Alcaldía de São Paulo.
Lea la declaración completa de Kakay a continuación:
Por respeto a la profesión jurídica y al Poder Judicial, y en especial a la Corte Suprema, donde he tenido el honor de ejercer la abogacía durante 36 años, quiero manifestar que la defensa del Dr. Paulo actuó estrictamente dentro de los límites éticos y legales. Asumimos el caso en mayo de este año y presentamos argumentos escritos y orales ante la Primera Sala de la Corte Suprema.
Tras el juicio, presentamos una Moción de Aclaración, que resultó en un voto favorable, y posteriormente presentamos una Moción de Reconsideración para llevar el asunto al pleno del tribunal. ¿Podría considerarse esto una táctica dilatoria? En nuestra interpretación jurídica, sin lugar a dudas, el Dr. Paulo tiene derecho a que su caso sea decidido por el pleno de la Corte Suprema.
Además, la disposición sobre opiniones disidentes es explícita y la jurisprudencia está asentada. Si no se admiten las opiniones disidentes, el Dr. Paulo no tendrá derecho a un juicio con doble jurisdicción, garantizado a todo ciudadano en cualquier país civilizado. No podemos aceptar la hipótesis de deslealtad al Poder Judicial. Estamos ejerciendo el sagrado derecho a la defensa, con respeto a la Constitución y a los Tribunales, pero con la necesaria independencia que debe ser el sello distintivo de la defensa penal.
Como dijo Cervantes por boca de Don Quijote: «Por la libertad, Sancho, por la libertad y la honra, hay que arriesgar la propia vida». El derecho a apelar se ejerce con dignidad e independencia, con la certeza de que la última palabra la tendrá el pleno del Tribunal Supremo.