Roseana expresa solidaridad con las víctimas de la violencia en Maranhão.
En un comunicado, la gobernadora condenó los hechos que culminaron con la quema de cuatro autobuses por parte de bandidos armados el viernes pasado y lamentó la muerte de Ana Clara Santos Sousa, de 6 años; "al gobierno no le faltará fuerza y determinación para enfrentar a los criminales y mantener la paz y la tranquilidad", afirmó.
Paulo Víctor Chagas
Reportero de Agência Brasil
brasilia – La gobernadora de Maranhão, Roseana Sarney, lamentó esta noche la muerte de Ana Clara Santos Sousa, de 6 años, quien sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo durante un ataque a un autobús en São Luís. En un comunicado, la gobernadora condenó los actos que culminaron con la quema de cuatro autobuses por parte de bandidos armados el viernes pasado (3). Cuatro víctimas más permanecen hospitalizadas en hospitales de la capital de Maranhão.
"Quiero expresar mi pesar por el fallecimiento de la pequeña Ana Clara y transmitir mi solidaridad a su familia, especialmente a su madre y su hermana de 1 año, quienes resultaron heridas en el mismo ataque criminal", dijo Roseana Sarney, según un comunicado difundido por la oficina de prensa del estado.
Las autoridades estatales creen que los ataques a autobuses y comisarías son una respuesta de los delincuentes a los cambios impuestos por la policía al interior del Complejo Penitenciario de Pedrinhas, donde, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), al menos 60 presos fueron asesinados en 2013. Este año, dos reclusos fueron asesinados.
La gobernadora reafirmó su determinación de combatir la delincuencia y el narcotráfico, afirmando que las acciones policiales continuarán. "Por parte del gobierno, no faltará fuerza ni determinación para enfrentar a los criminales y mantener la paz y la tranquilidad", afirmó. Hoy, Roseana Sarney aceptó la ayuda del Ministerio de Justicia para trasladar a los presos líderes de las principales facciones criminales a penitenciarías federales.
La gobernadora también dijo que ya respondió a una solicitud del Ministerio Público Federal con informaciones sobre el sistema penitenciario de Maranhão, donde, según ella, se han invertido más de R$ 130 millones en la construcción de nuevas cárceles, equipamientos y la mejora y mantenimiento de unidades existentes.