La incitación a participar en protestas se investigará por separado.

Cristina Indio do Brasil - Reportera de Agência Brasil
El delegado Maurício Luciano, responsable de la investigación sobre la muerte del camarógrafo de TV Bandeirantes, Santiago Andrade, afirmó que la declaración de Caio Silva de Souza sobre el reclutamiento de manifestantes no afecta el informe que entregará hoy (14) al Ministerio Público. El delegado reiteró que la posibilidad de que los manifestantes reciban dinero para cometer actos violentos durante las protestas forma parte de otra investigación que lleva a cabo la Policía Civil de Río.

“El hecho de que haya recibido o no dinero para cometer los actos no interfiere en la investigación. Esta investigación puede ser útil para otras. Lo que mencionó sobre partidos políticos, o que alguien lleva artefactos explosivos a las manifestaciones, o incluso que pudo haber recibido algún tipo de remuneración por cometer actos vandálicos, es irrelevante para la investigación. Repito, nada ha cambiado para la investigación. Todo sigue igual, con Caio Silva de Souza y Fábio Raposo, sospechosos de haber cometido el delito, imputados por homicidio agravado, por uso de artefactos explosivos y por el delito de explosión”, explicó.

Según el jefe de policía, la posible vinculación de los manifestantes con partidos políticos, denunciada por el abogado de los sospechosos, Jonas Tadeu Nunes, no interfiere con el caso de la muerte del camarógrafo. “Como jefe de esta investigación, no puedo permitir que estos asuntos interfieran con la investigación. Esta investigación no puede verse contaminada por ninguna otra información. No puedo introducir elementos políticos. No puedo discutir si estas manifestaciones están patrocinadas, si alguien las financia o si alguien tiene interés en provocar disturbios. Mi única función es entregar la investigación del homicidio a la Fiscalía”, afirmó.

El delegado explicó, sin embargo, que el delito no reside en incitar o pagar a alguien para que participe en una manifestación, lo cual, según él, puede ser objeto de debate desde un punto de vista moral y electoral, si efectivamente proviene de partidos políticos. El delito, para él, radica en pagar a los manifestantes para que cometan actos violentos. “Lo que constituye un delito es pagar para incitar a la violencia. Actos de hostilidad, de vandalismo. Eso es un delito, y puede constituir una organización criminal. Si alguien anima a grupos a cometer un número indeterminado de actos, de forma escalonada, con una división de tareas o algún tipo de mando, que no necesariamente tiene que ser sofisticado, entonces existe la figura de una organización criminal”, analizó.