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Cláudio Castro utiliza la retórica de Trump y aboga por clasificar al Comando Vermelho como grupo terrorista.

El gobernador de Río cita decisiones de Argentina y Paraguay y afirma que Brasil necesita “afrontar la realidad” ante el auge del narcoterrorismo.

Cláudio Castro utiliza la retórica de Trump y defiende clasificar al Comando Vermelho como grupo terrorista (Foto: Nota de Prensa | Eusébio Gomes/TV Brasil)

247 - El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, reiteró este fin de semana su llamado a Brasil para que reconozca al Comando Vermelho (CV) como grupo terrorista. En una publicación en la red social X (antes Twitter), el gobernador compartió un extracto de un artículo periodístico. El Globo sobre cómo diferentes países sudamericanos han clasificado a facciones criminales brasileñas y extranjeras como organizaciones terroristas.

Según el informe, tanto Argentina como Paraguay ya han incluido al CV (Comando Vermelho) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) en sus listas de grupos terroristas, una decisión que ha reavivado el debate sobre seguridad y soberanía en la región. El gobierno brasileño, por su parte, ha evitado seguir el mismo camino, alegando el riesgo de una intervención internacional y una equiparación indebida entre el crimen organizado y el terrorismo.

Para Cláudio Castro, el problema trasciende fronteras. “El debate de esta semana va mucho más allá de la seguridad pública en Río de Janeiro. Nos enfrentamos a un problema internacional”, afirmó. El gobernador enfatizó que el reconocimiento internacional de las facciones demuestra la gravedad de la situación: “Argentina y Paraguay ya han clasificado al Comando Vermelho como grupo terrorista. Y eso no es casualidad”.

Castro enfatizó que CV actúa como una organización narcoterrorista, con una estructura y métodos que desafían el poder del Estado. “El mundo entero ve a CV como una organización narcoterrorista que utiliza la violencia, el miedo y la dominación territorial para imponer su poder. El control de las comunidades es una afrenta directa a la democracia y al estado de derecho. Ninguna fuerza policial en el mundo se enfrenta sola a los terroristas”, escribió.

El gobernador también abogó por una respuesta más contundente del gobierno federal. "Es hora de que Brasil afronte la realidad y declare a CV como grupo terrorista", afirmó. Según él, la vacilación a la hora de clasificar a las facciones de esta manera debilita la lucha contra el crimen organizado y alimenta una visión distorsionada del papel del Estado. "Mientras algunos insisten en tratarlos como víctimas de la sociedad, nosotros seguiremos llamándolos por su nombre: narcoterroristas".

El debate se desarrolla en un contexto de creciente tensión en Río de Janeiro, tras los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en comunidades controladas por el Comando Vermelho. Para Castro, la confrontación no debe reducirse a un problema local, sino que debe considerarse parte de un desafío continental que exige la cooperación entre países y nuevas estrategias para combatir a las facciones.

En Sudamérica, gobiernos de distintas orientaciones políticas han adoptado medidas similares. Argentina, bajo el mandato de Javier Milei, y Paraguay, bajo el de Santiago Peña, clasificaron al Comando Vermelho y al PCC como organizaciones terroristas. Chile y Ecuador también debaten el endurecimiento de sus leyes antiterroristas ante el auge del narcotráfico en la región.

En Brasil, sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado su preocupación por lo que considera una "equiparación peligrosa" entre terrorismo y delincuencia común. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, Lula advirtió del riesgo de "abrir la puerta a intervenciones externas" al adoptar este tipo de clasificación.

Mientras los países vecinos buscan soluciones conjuntas, el tema sigue polarizando el debate político brasileño. El discurso de Cláudio Castro sitúa a Río de Janeiro en el centro de esta discusión, reforzando el argumento de que combatir el narcotráfico, más que una cuestión de seguridad pública, se ha convertido en un desafío a la soberanía nacional y a la propia democracia.